Consúltame otra vez

Estaba yo el otro día en un chiringuito de la playa de Cambrils tomando un vermú (cinco euros me sacaron, vaya con la inflación) y leyendo El amante bilingüe de Marsé cuando, de pronto, escuché una alarma en el móvil. El pitido en cuestión me informaba de que en la consulta de Junts para ver si el partido se mantenía o no en el Govern la decisión de los militantes había sido que no. ¡Salimos! Que diría en sus buenos tiempos Baresi. Con una participación del 79% de los militantes, el 55% votó en contra de mantenerse en el ejecutivo de Aragonés. Así pues, el partido anunció que sus consellers dejaban sus puestos y que Junts abandonaba la coalición con Esquerra. Es decir, que, de un censo de unas 6.500 personas, algo menos de 3.000 decidió dar por finiquitado el gobierno de casi 8 millones de catalanes.

Y yo, que he dedicado gran parte de mi vida como docente universitario al estudio de la democracia participativa, me pregunto: ¿tiene sentido que el futuro político de millones de personas sea decidido por unos pocos miles a los que nadie ha dotado de un mandato democrático? Los defensores de la consulta alegaron que era un instrumento para acercar las decisiones políticas de calado a los ciudadanos. Y uno piensa que todo lo que sea acercar el poder al pueblo, en principio, es bueno, pues es más democracia y más democracia habría de ser siempre algo bueno. Por el contrario, los detractores dijeron que era una irresponsabilidad que personas a las que se paga por tomar decisiones renuncien a su deber laboral y se lo arrojen a los ciudadanos para que sean ellos los que decidan y se responsabilicen de las consecuencias. Y uno piensa que es cierto que somos una democracia, pero también que somos una democracia representativa y que a los representantes se les elige para que representen, no para que deleguen.

Pensemos en las consecuencias de la consulta. Las inmediatas: el Govern se rompe, Esquerra ha de gobernar en solitario (porque no parece que vaya a convocar elecciones, hacer una cuestión de confianza o cualquier cosa que implique perder o arriesgarse a perder el poder), hay inestabilidad y la administración de la cosa pública se vuelve más compleja. Eso no es bueno. Las consecuencias a medio plazo: la aprobación de los presupuestos ya no dependerá de una coalición de izquierda-derecha, sino de un gobierno de izquierda más que probablemente apoyado por otros dos partidos de izquierda (PSC y ‘comuns’). Quizá eso tenga efectos en cuestiones como impuestos, gasto público y otras materias que afectan la vida diaria de los ciudadanos. Las consecuencias a largo plazo no es posible determinarlas, pero no son pocos los que dicen que se resumen en que el ‘procés’ se puede dar por terminado para entrar en una nueva etapa en la que los acuerdos entre soberanistas y constitucionalistas sustituirán a las coaliciones estrictamente soberanistas.

Es decir, que tres mil personas decidieron en una consulta popular disolver una coalición de gobierno, inclinar la política catalana hacia la izquierda y, más que probablemente, dar por finiquitada cualquier posibilidad inmediata de una Cataluña independiente. No es poca cosa para una decisión que, en última instancia, no fue más que un método interno de un partido político para decidir su futuro. Luego volvemos a la pregunta inicial: ¿tiene sentido que el futuro de millones de personas sea decidido por unos pocos miles? Probablemente, no. Vienen a mi cabeza las reflexiones de Sartori criticando lo que él llamaba la democracia refrendaria, es decir, el recurso a preguntas binarias que se lanzan a la ciudadanía para que esta decida sobre cuestiones cruciales para el futuro de la sociedad. También acuden a mí las consideraciones de Kelsen sobre qué es la democracia: el debate, la negociación, la transversalidad como instrumento de toma de decisiones que incorporen a cuantos más mejor, partiendo de la voluntad de la mayoría, pero en el respeto a las minorías.

O sea, que la democracia no es sólo que la gente vote. La democracia (representativa) también es que se tomen decisiones tratando de alcanzar acuerdos (Kelsen) y evitando someter a los ciudadanos a decisiones maniqueas (Sartori) en las que habitualmente sólo cabe elegir entre susto o muerte. La democracia participativa es sumamente útil cuando se materializa en mecanismos participativos que suponen no sólo votar, sino también y especialmente implicarse en las distintas fases del proceso decisorio político (lo que funciona en el ámbito local mejor que en cualquier otro), pero cuando se usa para que los ciudadanos decidan materias existenciales, no pudiendo optar más que entre dos opciones antagónicas y sin darles margen para aproximar posturas y llegar a un punto medio, la democracia participativa puede ser más un problema que una ayuda.