Controlar los órganos constitucionales sin importar el precio

Está claro que la voluntad del presidente del gobierno Pedro Sánchez es controlar los órganos constitucionales, sin importarle ni la forma ni el precio, para ponerlos a su servicio. El BOE de 30 de marzo de 2021 publicaba la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) por la que el órgano de gobierno de los jueces, en funciones desde hace años, no pueda efectuar nombramientos de todo un catálogo de cargos judiciales, entre ellos los dos magistrados del Tribunal Constitucional que corresponden al Consejo del Poder Judicial (CGPJ). Con esta maniobra, se pretendía que el PP cediera a la presión para la renovación de los vocales del Consejo, sin importar que la falta de nombramientos en los órganos jurisdiccionales pudiera bloquear estos, ya hay 16 vacantes en el Tribunal Supremo sin cubrir y, por lo tanto, entorpecer aún más la ya lastrada carga de nuestros juzgados y tribunales.

Pero, oh sorpresa, el pasado jueves el Gobierno registra una proposición de ley para volver a modificar, poco más de un año después, la LOPJ, para que ahora sí, el Consejo pueda nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden. ¿Y cuál es la razón de tan pronta contrareforma? Pues muy sencillo, controlar el Tribunal Constitucional, y para ello al PSOE le da igual volver a reformar una ley concediendo de nuevo la facultad de nombrar a los magistrados del TC, pero manteniendo el bloqueo a cualquier otro nombramiento, lo que no tiene ningún sentido ni jurídico ni ético. Es la instrumentalización de la actividad legislativa en beneficio propio y no en beneficio de la ciudadanía, como debería ser.

Para poder valorar la falta de calidad democrática de nuestro gobierno, intentaré explicarles el porqué de esta maniobra. Recordemos, en primer lugar, que las reformas efectuadas por el PSOE y sus socios de la LOPJ, ninguna de ellas lo ha sido en el sentido demandado por el informe del grupo GRECO del Consejo de Europa de dotar de independencia a la elección de los 12 vocales de Consejo de procedencia judicial. Recordemos también que en el último informe anual de The Economist, España pierde la categoría de democracia plena también por la politización de la elección de los miembros del Consejo. Nada de ello le ha importado a Sánchez y su gobierno. Pero volvamos a los motivos, el gobierno debe nombrar a dos magistrados del TC al igual que el CGPJ, pero el artículo 159.3 de la Constitución establece que se renuevan una vez finalizado su mandato por terceras partes cada tres años. Por lo tanto, en este caso la renovación deberán ser de cuatro magistrados, los dos nombrados por el gobierno, más los dos nombrados por el CGPJ, sin estos últimos, el gobierno podría nombrarlos, pero no podrían tomar posesión. ¿Y cuál es su interés en hacer toda esta maniobra? Pues si el gobierno nombra a dos magistrados afines, lo cual es absolutamente legítimo, y el CGPJ nombra a uno conservador y a otro progresista, como es lo propio según su composición, el gobierno de Sánchez obtendrá de esta manera la mayoría de magistrados afines en el TC.

Desde organismos internacionales, como hemos señalado, y desde la propia Unión Europea, hace años que instan a España a reforzar la independencia del órgano de gobierno de los jueces, pero nuestro gobierno sigue empeñado en el control del Consejo y del TC, sin importarle las graves consecuencia que ello puede traer a nuestro país. Es curiosa la posición que mantiene el Gobierno socialista para negociar la reforma, primero renovemos los órganos constituciones con el actual sistema de elección parlamentaria, y de la que tengo la mayoría suficiente para imponer vocales próximos, y luego hablemos de modificar la elección para las próximas legislaturas donde quizás yo no tenga esa mayoría. Pero recordemos que ya fue Felipe González, en aquellos lejanos años 80, quien inició las diferentes reformas de la elección de los vocales para, precisamente, obtener su control, eliminando la elección de los vocales de procedencia judicial por los propios jueces. Pasando por las posteriores reformas del PP que crearon una especie de sistema mixto, que resultaron igualmente un fracaso, para mitigar la elección pura parlamentaria, implantada por el primer gobierno socialista. Parece que en este país la izquierda siempre ha tenido cierta obsesión con el control de los órganos constitucionales, restándoles con ello la independencia que desde fuera de nuestras fronteras nos reclaman.

Nuestro presidente exige a la oposición que haga política, pero su legado es precisamente la antipolítica, probablemente con las próximas medidas que va a aprobar superará el récord de 100 Reales Decretos que le han permitido evitar la tramitación parlamentaria y, precisamente, el debate político, sometiéndose únicamente a su convalidación en la cámara. De igual manera huyó del parlamento sometiéndonos a un estado de alarma, declarado inconstitucional, de 6 meses sin control parlamentario. Ha sido incapaz de negociar la renovación de los órganos constitucionales. Achaca la falta de voluntad negociadora a la oposición, y mientras reforma las leyes a su antojo para obtener el control político de esos mismos órganos que pide negociar, ¿cómo se puede negociar con quien a lo único que aspira es a controlar los órganos constitucionales? Solo cabe una negociación posible, y esta es, atendiendo a lo que nos demandan la UE y los organismos internacionales, que antes de la próxima renovación del CGPJ se modifique y se otorgue a los jueces la facultad de elegir los vocales de procedencia judicial, a esto se le llama hacer política en beneficio común, en contra de la política en beneficio propio a la que nos tiene acostumbrados este gobierno.

Fue decano del Col·legi d’Advocats de Reus durante trece años, hasta 2016. Expresidente del Consejo de la Abogacía catalana, es concejal de Ciutadans en el Ayuntamiento de Salou.