Se lucran de lo público y nos llaman tontos

Los beneficios extraordinarios de las empresas eléctricas, son producto de la impunidad que tienen para fijar las tarifas, que son discrecionales y no se ajustan a sus costes de producción. Ese libertinaje de fijar los precios de un servicio esencial para el país afecta a cientos de miles de familias e incrementa los costes empresariales.

España tuvo una empresa pública que se llamaba Endesa. Populares y socialistas se adjudican la responsabilidad en la privatización. Pero en realidad, los dos tienen razón. Felipe González en los años ochenta comenzó un proceso de privatización que afectó a varias empresas, entre ellas a la eléctrica. En 1994, el estado retenía dos tercios de sus acciones y un tercio había pasado a manos privadas. Tres años después, el gobierno de José María Aznar lanzó una oferta de venta de acciones que implicó la pérdida de la mayoría pública. La ley 54/1197 marca la renuncia de «servicio público», creando una normativa a medida de las grandes empresas, a costa de los consumidores y del propio estado. Ambos partidos, en dos fases, permitieron que la empresa pública pasara a control del capital privado. Finalmente se repartieron el mercado energético varias empresas. Uno de los argumentos era que la «libre competencia» determinaría una reducción en las tarifas. Viejo cuento del capitalismo. La realidad es que en muchos casos se han puesto de acuerdo para inflar los precios de la electricidad. En octubre del 2014 asistimos a uno de los mayores escándalos financiero-industrial en España. Ese día la eléctrica privatizada repartió entre sus accionistas 14.600 millones de euros en dividendos, originados por las subidas en los recibos de la luz. Casi todo ese dinero fue para Italia, porque la empresa Enel posee el 92% del capital de Endesa. Otro dato: los beneficios de Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa entre 2008 y 2015 fueron de 37.260 millones de euros. Hoy España es el quinto país con electricidad más cara antes de impuestos de los 27 europeos.

Otras empresas que llevaban décadas en el área pública, también fueron entregadas a capitales privados en los años ochenta. Entre otras, Renfe, Ferrovial, Telefónica, Iberia, Pegaso, Seat, Tabacalera, Construcciones Aeronáuticas o Argentaria.

El trasvase de políticos a las empresas privadas al término de sus mandatos, a más de un conflicto ético, evidencia la no separación entre actividad pública y privada. La Ley de Incompatibilidades fija un plazo casi simbólico de solo dos años entre el salto de una a otra actividad. Las consecuencias están a la vista. Veamos el capítulo de ‘agradecimientos’ por parte de las empresas beneficiadas. De siete presidentes de gobierno que ha tenido España desde la muerte de Franco, tres de ellos terminaron a sueldo de las eléctricas. Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González y José María Aznar. Más de una veintena de ministros de los dos principales partidos -PSOE/PP- también resultaron «enchufables». Pasaron de diseñar e impulsar las normas que rigen el mercado eléctrico a cobrar elevadas retribuciones como «consejeros» de las empresas energéticas. Los «grandes timoneles» de la economía española también han terminado trabajando para los intereses de las eléctricas privadas: Miguel Boyer, Pedro Solbes, Rodrigo Rato, Elena Salgado y Luis De Guindos. Decenas de altos cargos como Narcís Serra, Nemesio Fernández Cuesta, Josep Borrell, Ana Palacio, Isabel Tocino, Miquel Roca... son parte de una larga lista.

Y mientras los ciudadanos recibimos diariamente los ‘partes’ sobre las subidas del precio de la luz, irrumpe en escena el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. Ejecutivo del Foro de Davos, del Consejo de JP Morgan, y con muchas distinciones, como el premio que le entregó el canciller británico: «Capitalismo responsable» (perdón por el oxímoron, suena como «instante eterno».) Pero a pesar de sus títulos, este personaje, ante público y cámaras dijo entre risas que «solo los tontos siguen con la tarifa regulada por el gobierno», frase festejada por el presidente del grupo Volkswagen. Según su criterio, entre los «tontos» se encuentran más de 3 millones de sus propios clientes que escogieron la tarifa regulada. La ministra de economía le recriminó su «falta de empatía». Creo que es simplemente soberbia e impunidad. El presidente de Iberdrola tiene motivos para estar exultante. El año pasado tuvo una retribución de 13 millones de euros, un 8,3% más que el anterior. Y el resultado bruto de explotación de Iberdrola superó los 12.000 millones de euros. En su hoja de servicios, tiene en julio del año pasado el vaciado de pantanos en Extremadura, para sacar ventaja de vender energía hidráulica –mucho más barata- a precio de gas. En este caso, dejando a varios pueblos sin agua. Para contrarrestar estos y otros reclamos ahora tiene un nuevo fichaje: Antonio Miguel Carmona, conocido militante del PSOE y defensor de lo público, que aceptó ser designado vicepresidente de Iberdrola. Una síntesis de su voltereta: pueden encontrar en Internet su frase «hay personas que tienen valor y personas que tienen precio. Yo no tengo precio». Iberdrola no hizo público su sueldo, pero varios medios lo estiman en unos 500.000 euros anuales.

La conclusión es que los ciudadanos debemos exigir una auditoría de ese proceso privatizador en el que se transfirieron a las privadas eléctricas sociedades sumamente rentables con mercados cautivos, en una operación sin riesgo financiero. Con el agravante de que se trata de un bien básico considerado como un servicio público. El objetivo tendría que ser revertir ese proceso. José Luis Sampedro nos dejó la frase «el sistema ha organizado un casino para que ganen siempre los mismos.» Es así. No es que nos engañan. Es que nos dejamos engañar. ¿Hasta cuándo... ? Eso depende de nosotros.