Violencia sexual entre menores

Los medios de comunicación difundieron, hace apenas una semana, un nuevo episodio de violencia sexual que ha hecho saltar todas las alarmas a nivel local por las circunstancias que rodean el caso. De acuerdo con el relato que ha trascendido a la luz pública, los hechos se produjeron en el centro de Tarragona, donde dos grupos de adolescentes coincidieron tras pasar una noche de fiesta. Era ya la una y media de la madrugada cuando un chico de un grupo y una chica del otro quedaron a solas en un parking próximo a la Rambla Nova. Presuntamente, el autor de la agresión aprovechó ese momento para obligarla a realizarle una felación. Ante la negativa de ella, comenzó a golpearla violentamente hasta que finalmente accedió a sus pretensiones. Al acabar, el menor le robó el IPhone y se marchó.

La hermana de la víctima alertó a los Mossos d’Esquadra sobre lo sucedido, e instantes después la familia acudió a comisaría para interponer la correspondiente denuncia. La policía localizó rápidamente al sospechoso, un chaval de trece años y de origen marroquí, con antecedentes de violencia sexual. Teniendo en cuenta que la actual legislación penal lo considera inimputable por razón de su edad, los agentes lo dejaron en libertad y dieron parte de lo sucedido a la Fiscalía de Menores y a la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), dependiente de la Generalitat.

Como decía, son dos las circunstancias que concurren en el caso, y que han generado una importante alarma social: por un lado, el origen familiar del presunto agresor, y por otro, la sensación de vulnerabilidad colectiva ante los delincuentes protegidos por la actual normativa sobre menores.

En relación con el primer factor, no han sido pocos los que han relacionado este ataque con la serie de incidentes que se vivieron hace un tiempo en la Part Alta, vinculados con un centro de menas. Aunque el sospechoso de esta última agresión no se encuadra en este perfil, era previsible que importantes sectores de la ciudadanía local hicieran una mezcolanza basada en el origen del adolescente.

Tampoco ha ayudado nada a la racionalización del suceso la coincidencia temporal con la resolución de la brutal violación de Igualada, presuntamente perpetrada por un joven boliviano con antecedentes por malos tratos y una denuncia por abusar de su hermana menor, quien abandonó a su víctima en una cuneta con un severo traumatismo craneoencefálico, creyéndola muerta.

Llegados a este punto, resulta necesario reflexionar sobre los riesgos de fomentar la generalización. Los resultados electorales de las recientes elecciones francesas deberían alertarnos sobre las consecuencias que acarrean determinados discursos caracterizados por identificar al extranjero como un peligro en potencia. No debemos taparnos los ojos ante unas estadísticas que evidencian unas bolsas delicuenciales vinculadas a colectivos muy concretos, pero trasladar visiones estereotipadas que se basan únicamente en los orígenes familiares puede convertirse en una bola de nieve que resulte difícil de detener una vez puesta en marcha. Precaución.

La segunda circunstancia que ha generado una fuerte controversia es el tratamiento legal de estos hechos que se deriva de nuestra actual normativa, que establece como edad mínima de imputación los catorce años. Eso significa que, en el plano jurídico, la paliza, la violación y el robo de esta semana son intrascendentes desde una perspectiva penal.

Esa realidad, difícilmente comprensible para gran parte de la ciudadanía, intenta explicarse en la exposición de motivos de la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, construida sobre «la convicción de que las infracciones cometidas por los niños menores de esta edad son en general irrelevantes y que, en los escasos supuestos en que aquellas pueden producir alarma social, son suficientes para darles una respuesta igualmente adecuada los ámbitos familiar y asistencial civil, sin necesidad de la intervención del aparato judicial».

No dudo de la bondad de los cursos sobre igualdad de género que DGAIA proporcionará al sospechoso, pero es lógico cuestionarse si se trata de una respuesta eficaz y proporcionada para un agresor sexual reincidente como presuntamente es el caso, pues sería razonable sospechar que la inacción penal de ataques precedentes podría haber sido entendido por el autor como un cheque en blanco de cara al futuro.

Seguir pensando que el ámbito delicuencial propio de los niños y adolescentes se reduce a hacer pintadas y robar caramelos constituye una ingenuidad imperdonable que presupone vivir de espaldas a la realidad.

Según las últimas cifras de la Fiscalía de Menores de Tarragona, en nuestra provincia se denuncian cada mes tres delitos sexuales aparentemente cometidos por agresores que no han alcanzado la mayoría de edad. Y las estadísticas sobre este tipo de violencia son crecientemente preocupantes si abrimos el objetivo geográfico y de edad, y nos fijamos en la comparativa interanual de Barcelona.

En 2021, las agresiones sexuales «con penetración» aumentaron un 80%, pasando de 92 a 166. En el mismo período de tiempo, los delitos contra la libertad e indemnidad sexual crecieron un 41%, y el resto de crímenes sexuales un 34%.

Sin duda, resulta admirablemente bienintencionado poner el foco en la reeducación de los menores descarriados cuando se intenta afrontar este fenómeno. Pero no podemos olvidar que existe otro factor en esta ecuación, las víctimas, tanto las pasadas como las potenciales.

Reconozco que, en este tema, quienes tenemos hijas jóvenes y adolescentes sentimos una inquietud especialmente acusada. Y no estoy hablando de punición, sino de prevención. Alguien tendrá que explicarme algún día por qué dejar libres a determinados violadores reincidentes, al margen de su edad y nacionalidad, debe ser necesariamente asumido como progresista si uno no quiere ser tachado de reaccionario.