Una ley innecesaria

La nueva ley de Seguridad Ciudadana, cuyo anteproyecto fue aprobado ayer por el Congreso de los Diputados, pretende sustituir la ley vigente del mismo nombre, conocida también como ‘ley Corcuera’, que, a pesar de sus orígenes polémicos, ha servido perfectamente para preservar el orden público desde entonces mediante un equilibrio adecuado de los conceptos de libertad y seguridad. La nueva norma inspirada por el actual ministro Jorge Fernández Díaz supone una vuelta de tuerca en la seguridad, que llega cuando no existe una demanda social apreciable en tal sentido. Ni existe sensación de impunidad frente a conductas antisociales, ni se percibe la necesidad de instaurar nuevas figuras perseguibles, ni se ha extendido en la opinión pública la sensación de inseguridad que justifique la reforma del marco jurídico de la convivencia en común en los espacios públicos. En líneas generales, el Código Penal actual responde a las patologías de la convivencia y la ley de seguridad ciudadana vigente sirve apropiadamente a la convivencia en los espacios públicos. Por ello, hay que poner en tela de juicio la necesidad e incluso la conveniencia de dar semejante paso legislativo, que por fuerza supondrá una nueva merma de libertades. Sólo la soberbia política puede explicar que el ministro del Interior y el Gobierno se obstinen en mantener una reforma que resulta completamente innecesaria y que será muy probablemente efímera.