Advierten que «la ley de desahucio exprés no acabará con las mafias de okupación»

El próximo 2 de julio entrará en vigor la ley de desahucio exprés para desalojar okupas ilegales. Aunque la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con la ocupación ilegal de inmuebles, impulsada por el PDeCAT con el apoyo de PP, Cs y PNV, pretende proteger la propiedad privada de la ocupación ilegal, desde distintos barrios de la ciudad advierten que «no acabará con las mafias de okupación». El argumento principal que esgrimen es que «el cambio normativo deja fuera a las entidades financieras, promotoras y fondos buitre». 

En opinión del presidente de la Associació de Veïns Primer de Maig, Eduardo Navas, «la ley no servirá para acabar con las mafias, aunque proteja a los propietarios y les permita recuperar lo que legítimamente es suyo». 

«No se puede traficar y negociar con la pobreza y con la necesidad de una vivienda»
Antonio Montoya
AAVV Barri Gaudí

Al respecto, el abogado Francesc Garriga, representante de la Secció per la Defensa dels Drets dels Contribuents i de la Propietat Privada del Col·legi d’Advocats de Reus, asegura que «la ley lamentablemente no acabará con las mafias de ocupación ilegal, entre otras cosas, porque quedan fuera los bancos y los fondos buitre». «La okupación no dejará de ser un problema, ya que las mafias están muy sofisticadas y se dedican a mirar muy detalladamente el titular o propietario de los inmuebles que ocupan ilegalmente», añade. «Las mafias que nosotros conocemos saben cuáles son los pisos propiedad de bancos y cuáles son los de particulares, por lo que la ley no servirá para erradicarlas», corrobora Jordi Gateu, miembro de la asamblea de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca Reus-Baix Camp, y añade que «esta ley es un parche».

Acelerar el proceso
Francesc Garriga también recuerda que «hasta ahora, un particular podía tardar hasta dos años en recuperar su vivienda, mientras que con la reforma de la ley, el proceso podrá finalizar en dos meses». Un aspecto que el presidente de la Associació de Veïns Primer de Maig valora positivamente. «En menos tiempo se devolverá la tranquilidad a las comunidades de vecinos, porque los okupas no se preocupan de pagar las cuotas de la comunidad, y muchos acaban enganchándose al agua y a la luz, con el peligro que supone», asegura Eduardo Navas, quien recuerda que en el barrio siguen habiendo una veintena de inmuebles ocupados de forma ilegal. 

 

«Hasta ahora, un particular podía tardar hasta dos años en recuperar su vivienda»
Francesc Garriga
Abogado

Desde la Associació de Veïns del Barri Gaudí, Antonio Montoya, explica que hace tres años la entidad vecinal impulsó la creación de la Plataforma de Afectados por la Crisis, y que ha permitido reducir de 28 a 5 los pisos okupados. «Los okupas dieron la cara y con la colaboración del Ayuntamiento y la Generalitat iniciamos un proceso de concesión de alquileres sociales para quienes realmente lo necesitaban», asegura y añade que «desde hace un año hemos declarado el barrio libre de okupaciones». Recuerda que «una parte importante de la ocupación ilegal viene determinada por la actividad ilícita de una mafia, que en el barrio está debilitada, y que en definitiva cobra por abrir una puerta a la fuerza». «No se puede traficar y negociar con la pobreza y con la necesidad de una vivienda de la gente, porque es ilógico que pidan 300 euros por reventar una vivienda y pagar también un suplemento para engancharse a la luz y el agua», añade. Al respecto, desde la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca Reus-Baix Camp, Jordi Gateu asegura que «la mejor manera de que no exista la necesidad de okupar una vivienda es garantizar la reocupación de aquellas personas que han perdido su hogar y que realmente lo necesitan». «En el momento que exista una ley que garantice la reocupación solo quedarán aquellos que okupan por una cuestión delictiva», explica. 

«Las mafias que nosotros conocemos saben cuáles son los pisos propiedad de bancos y cuáles son los de particulares»
Jordi Gateu
PAH

Cuidar de las propiedades
En opinión del representante de la Secció per la Defensa dels Drets dels Contribuents i de la Propietat Privada del Col·legi d’Advocats, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil también lleva implícito el siguiente mensaje: «Quien tenga una propiedad debe cuidar de ella». «Se entiende que bancos y fondos tienen abandonadas, en muchos casos, sus propiedades. La solución es ponerlas a la venta de una manera ágil y asequible, ya que la vivienda no puede ser un producto financiero». «Si se vigilan y se cuidan adecuadamente también evitaremos el problema de las mafias y las ocupaciones ilegales», asegura.