Al menos tres piezas del caso Innova esperan fecha de juicio o han acabado la instrucción

La número 2, que investiga contrataciones y facturas ligadas al nuevo Hospital Sant Joan, fue remitida a la Audiencia de Tarragona en febrero de 2021 y otras dos finalizaron diligencias

MÓNICA PÉREZ

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El exterior del edificio judicial de Reus, en la avenida Marià Fortuny. FOTO: ALFREDO GONZÁLEZ

El exterior del edificio judicial de Reus, en la avenida Marià Fortuny. FOTO: ALFREDO GONZÁLEZ

Varias piezas del caso Innova se encuentran pendientes de fecha de juicio o han finalizado ya –o están a punto de hacerlo– la fase de diligencias previas, casi una década después haberse iniciado en el Juzgado de Instrucción número 3 de Reus que se hace cargo de la macrocausa. Se trata, al menos, y tal como detallan fuentes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) consultadas por el Diari, de la pieza número 2, que fue acumulada con la principal en 2019 y que aborda el pago de facturas en el marco de la construcción del nuevo Hospital Sant Joan de Reus; la 1, relativa a la constitución y el aval de la mercantil Shirota; y la 7, vinculada a contratos entre Sagessa y Ambulebre.  

En detalle, y según precisan las mismas fuentes, la pieza 2 «fue remitida para juicio a la Audiencia Provincial de Tarragona el día 10 de febrero de 2021», hace cerca de un año, sin que haya trascendido hasta el momento un señalamiento por parte de esta. Precisamente la Audiencia, a través de su memoria 2020 hecha pública este pasado verano, en el análisis de las cargas de trabajo del partido judicial de Reus, especificaba que «preocupa especialmente alguna causa cuya instrucción lleva años de duración» y mencionaba directamente el caso Innova. 

La pieza 2 acumulada con la principal dirime el pago de facturas, presuntamente sin justificar, al exdirector del CatSalut Carles Manté y al arquitecto Jorge Batesteza en el marco de la construcción del Hospital, supuestamente autorizadas por Josep Prat, exdirector de Innova. Su acumulación con la principal tuvo lugar, tal como recogió el auto de la Audiencia que la confirmaba, porque se consideró pertinente «para aclarar los hechos» y «comporta que la causa adquiera un mayor volumen, pero no una mayor complejidad». 

En cuanto a la pieza número 1, que investiga el aval de 3 millones de euros concedido por el Ayuntamiento a Shirota en 2008 pese a no tener la participación mayoritaria en la sociedad, «la instrucción ha finalizado» y se está «pendiente de dictar el auto de transformación a Procedimiento Abreviado», que marca el fin de la práctica de las diligencias que se han entendido como imprescindibles en la investigación, precisa el TSJC. Y sobre la 7, que estudia los mecanismos de adjudicación de transporte sanitario que se emplearon entre Sagessa y Ambulebre, las mismas fuentes concretan que «está pendiente de Procedimiento Abreviado después de que se recurriera alguna de las diligencias». De las 15 piezas separadas que se conocen hasta el momento, también algunas han sido archivadas. La más reciente es la número 4. 

Desde que estalló el caso, la dotación de recursos con que ha ido contando el Juzgado de Instrucción número 3 de Reus ha sido variable. En algunos tramos, el magistrado titular ha contado con refuerzos que le han permitido, como él mismo expresaba en interlocutorias de los últimos años, «avanzar en muchas piezas» de la macrocausa. A veces estos refuerzos han implicado el relevo de funciones mientras que en otros momentos han tenido un formato diverso, por ejemplo, mediante el apoyo en la celebración de juicios por delitos leves. En alguna ocasión, la «falta de medios» desembocó en una «paralización efectiva del caso», que resulta de una elevada complejidad y relevante volumen, y que discurre desde 2012.   

Según la memoria de la Audiencia, en los juzgados de instrucción de Reus, en 2020, el número de asuntos entrados fue de 9.414 –11.072 en 2019 y 10.645 asuntos en 2018–, un 15% menos que en 2019, lo que supone una entrada media de 2.354 asuntos por juzgado; y se resolvieron 9.196 asuntos –11.267 en 2019 y 10.805 en 2018–, un 18% menos que en 2019. La pendencia a final de año fue de 3.608 asuntos.

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