Aumenta la prostitución en la vía pública de Reus

La Guàrdia Urbana ha levantado en lo que va de año hasta 68 actas por ofrecer o solicitar sexo en las calles de Reus. Estas representan ya una decena más de las que se redactaron a lo largo de todo 2020, coincidiendo con el estallido de la Covid-19 y el período de confinamiento. Ahora, los datos igualan –e incluso van camino de superar– los de un curso prepandémico como 2019, que cerró con 100. 

Uno de los puntos donde históricamente se ha concentrado esta actividad es la avenida de Salou. Los vecinos del entorno apuntan que «la prostitución, aquí, nunca ha llegado a pararse» y lamentan que «quizá no hay tantas chicas, pero las que hay son más conflictivas y generan ruidos y peleas en plena madrugada». Agradecen la labor de la policía local, que «acude siempre cuando se la avisa», pero constatan que «los agentes tampoco tienen más margen de maniobra; es una cuestión de políticos y leyes» y que «para ellas, esto es un medio de subsistencia y a veces no cuentan con nada más». Fuentes municipales consultadas indican que la Urbana «lleva a cabo controles policiales tanto en la avenida de Salou como en otros puntos de la ciudad».

 Ciertamente, al menos estas últimas noches, se ha podido ver alguna patrulla estacionada en las áreas más delicadas, probablemente con intención de generar un efecto disuasorio en los clientes. Las mismas fuentes indican que «la presencia de prostitutas fluctúa». Durante el fin de semana, alrededor de la avenida de Salou se ubican media docena de mujeres. Los vecinos aseguran que «hacen turnos para no pisarse el trabajo» y que «también hay algunos pisos».

Hace poco más de un mes, residentes en la zona mantuvieron una reunión con la concejala de Seguretat, Dolors Vázquez, y con responsables de la Guàrdia Urbana para abordar esta cuestión. «La policía vigila más algunos días, sobre todo para que no se paren los clientes, pero ya entendemos que no puede estar toda la noche aquí», expresa Isabel Moreno, presidenta de la Associació de Veïns Parcel·les Casas, que detalla que «a veces hay peleas y la semana pasada tuvimos bastantes problemas». Moreno muestra su preocupación porque «sabemos que al final habrá una desgracia; hasta que no hagan daño a algún vecino, o hasta que los vecinos que no aguantan más hagan algo, nadie se pondrá en serio con esto». «La situación vuelve a estar fatal», asegura, y se pregunta «qué va a pasar ahora que ya no hay toque de queda, si aún empeorará más». 

Y es que «muchas personas que viven aquí se sienten impotentes porque padecen las molestias y no pueden hacer nada», explica la presidenta de Parcel·les Casas, que concreta que «yo les aconsejo que no bajen, que no se enfrenten, porque la cosa es seria». Moreno aclara que «no estamos en contra de la prostitución, sino de que se haga donde se hace» y dice que «en pleno verano por aquí hay criaturas, hay familias que viven en los primeros pisos que tienen que estar apartando a los niños para que no vean según qué escenas desde la ventana de su casa… Es una vergüenza que esto esté pasando en una gran ciudad». 

La lideresa vecinal subraya que «con la Covid, que aún la tenemos entre nosotros, esto representa todavía más peligro, también para ellas mismas» e insiste en que «con la policía estamos bien, pero ni políticos ni jueces evitan que pase esto». «Estoy dispuesta, y creo que no soy yo sola, a ponerme a cortar la carretera de Salou hasta que esto se haya acabado», afirma. 

Se multa menos al cliente

De las 68 actas que ha levantado la Urbana entre enero y agosto, 43 han sido por ofrecer servicios sexuales en la vía pública –por lo tanto, a las prostitutas– y las 25 restantes, por solicitarlos –es decir, a clientes–. En global, desde 2019, las actas confeccionadas por la policía local por estos conceptos son 227. 
La Ordenanza de Civismo, que trata este aspecto, establece que «se prohíbe la solicitud o aceptación por el demandante de servicios sexuales retribuidos en zonas de tráfico público en las proximidades de lugares destinados a su uso por menores, como por ejemplo centros educativos, parques infantiles o espacios de ocio accesibles a menores de edad, o cuando estas conductas, por el lugar donde se realizan, generen  riesgo para la seguridad vial». Las sanciones suelen suponer a partir de 600 euros.

En una línea similar a la de Moreno habla Francesc Jornet, al frente de la Associació de Veïns El Roserar de Mas Iglesias, que teme que «ahora que no hay toque de queda, la cosa vuelva a subir». Precisa que «es cierto que ha repuntado, pero seguramente aún no es tanto como en 2019» y explica que «la Guàrdia Urbana actúa y durante algunos días no se las ve». Jornet concreta que «en el barrio no es una alarma porque aquí cerca solo se ponen una o dos chicas y el problema grande está más hacia abajo», y opina que «con la Covid no deberían dejar abrir los establecimientos de este tipo, porque también traen esto aquí». 

Por su parte, Pepita Roig, presidenta de la Associació d’Amics del barri Fortuny, coincide en que «esto no se ha parado nunca del todo», pese al virus, y recuerda que «ellas no tienen paro, no tienen un ERTE ni tienen nada, y en cambio la necesidad sí que la tienen». «El problema es qué hacer en cuanto a ellas si tienen esa necesidad y su oficio es este», añade. Sobre la acción de la policía municipal, la percepción de Roig es que «la Urbana está pendiente y a veces se pone con el coche en esta zona para disuadir; mientras está allí, nadie se para con las mujeres, pero no es mucho más lo que puede hacer tal como están las cosas».

El presidente de la Associació de Veïns del barri Montserrat, Domingo Martínez, dice que «no me parece bien que haya esto, pero lo hay». «Es una cosa que no debería existir, pero si existe y la policía no puede pararlo, tampoco lo vamos a poder parar los vecinos», opina. Aunque sus casas quedan un tanto apartadas del núcleo donde se despliega la prostitución, «sí nos han contado que allí a veces hay algunas discusiones y peleas, y comprendemos perfectamente que a los que viven más cerca les moleste y mucho». «No está bien que se pongan pero, ¿quién las quita? No hay una ley y ese es el verdadero problema», concluye.