Bienvenido Mr. Marshall

La Generalitat se hará cargo del Hospital Sant Joan y Reus dejará en manos del CatSalut las riendas de su buque insignia. En los últimos años, el centro ha supuesto un coste de 17 millones de euros para las arcas municipales lo que ha provocado un ejercicio de aritmética económica teniendo en cuenta la estricta política de gasto de los gobiernos de Pellicer, que siempre ha sacado pecho de la capacidad de reducir las deudas acumuladas. 

Las cifras son mastodónticas. Tanto como el propio hospital, infrautilizado por culpa, precisamente, de la coyuntura económica. Tanto también, como el esfuerzo que han hecho los profesionales que han soportado recortes salariales y precariedad laboral en un clima envuelto con presuntos casos de corrupción. 

Ante el panorama, la necesidad de que el CatSalut se quedase con el Sant Joan y se ejerza la gestión desde Barcelona resulta una obviedad. Pero no lo era hace unos años, tampoco hace unos meses. ¿Qué ha cambiado? Todo.

Dani Rubio, concejal de Ara Reus, admitía que «el principal motivo para explicar la situación del Sant Joan era la falta de financiación del CatSalut». Una tesis que, hasta el hartazgo, ha esgrimido el PSC. 

Tampoco es descabellado afirmar que otro motivo de los números rojos en el Sant Joan ha sido el alquiler de hasta siete millones  pagado religiosamente al Mercadal durante los últimos años. Un alquiler acordado durante el gobierno tripartito y reactivado por un decreto del alcalde Pellicer. 

Las prisas, malas consejeras
Otra de las consideraciones que hay que destacar son los tempus. El anuncio de Comín, se produjo a mediados de 2017 y el consorcio debería haber entrado en funcionamiento en 2018. Pero por aquel entonces, sobre la mesa había sólo un protocolo de intenciones y el gobierno de la Generalitat había sido destituido en virtud del artículo 155. 

Según todas las fuentes consultadas, durante la ausencia de Govern, los técnicos de la Generalitat y los del Ayuntamiento siguieron negociando los términos del consorcio. Una opción que empezó a diluirse a principios de octubre, cuando fuentes del CatSalut hablaban abiertamente de la imposibilidad de constituirlo. En Reus se seguía firme: «la solución llegará». El consorcio había desaparecido de la agenda, pero nadie se atrevía a afirmarlo. 

La fecha límite -al menos a nivel psicológico- del 31 de diciembre se iba acercando, y la inseguridad se cernía sobre los trabajadores del hospital. «Nadie nos informa de nada», se quejaban. Había incertidumbre y aparente falta de concreción. Había que remover la causa de disolución de 2017 y apechugar con el déficit que, con toda rotundidad, se generaría durante el 2018. 

Otra vez Dani Rubio dio en el clavo: «ante la situación a la que hemos llegado, cualquier solución es una burbuja de oxígeno». El mismo argumento defienden los  trabajadores. 

La solución urgía y el CatSalut era consciente de ello. El Ayuntamiento ha preferido desprenderse del Sant Joan y garantizar su viabilidad. El precio es la pérdida definitiva de la capitalidad sanitaria. Algo que se venía cuajando desde hacía, al menos, seis años.