Carpetazo a los casos de odio en Reus

La mirada ganxeta. El archivo del caso vinculado al Procés choca con el atasco del caso Innova, que en enero cumple 9 años de su inicio

FRANCESC GRAS

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Francesc Gras

Francesc Gras

Han pasado más de tres años de la celebración del Referèndum del 1 de Octubre y sus derivadas judiciales, también las políticas, siguen presentes como el primer día. La semana pasada asistimos al final de uno de los casos más mediáticos. Me refiero a la causa por delito de odio contra los políticos de Reus que firmaron el manifiesto posterior al 1-O.

La Audiencia Provincial de Tarragona decretaba hace siete días el sobreseimiento libre de las actuaciones señalando que los agentes de la policía no podían considerarse víctimas del odio por no pertenecer a «grupos vulnerables». Unos argumentos ya invocados, anteriormente, por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que rechazó la vía penal en las causas de odio referentes a los tweets de un diputado de ERC en el Parlament o el caso del profesor universitario.

Imagen de archivo de la Policía Nacional durante su hospedaje en el Hotel Gaudí. FOTO: Alfredo González

En la causa ahora archivada estaban investigados el alcalde de Reus, Carles Pellicer; la vicealcaldesa Noemí Llauradó; la concejala Montserrat Vilella, y los entonces también concejales Jordi Cervera y Mariona Quadrada. Tras conocer la noticia, todos vinieron a declarar su alivio por el fallo y ratificaron sus posicionamientos de incomprensión por todo lo ocurrido.

Considero que el fallo supone una corriente de sentido común en estas causas relacionadas con el odio dentro del Procés. Como también ha ocurrido en casos que no afectan a los cargos políticos, como sucedió con el proceso abierto contra el mecánico de Reus que se negó a arreglar el coche de una agente de la Policía Nacional.

Lo que sucede con los cargos públicos en activo es cómo condiciona sus políticas y sus decisiones diarias el hecho de estar imputados durante tantos años y sin respuestas claras. Desde mi punto de vista, esto perjudica a todas las partes implicadas. Desde a los investigados hasta las acusaciones, el ayuntamiento, la ciudad y a la imagen de la propia Justicia.

Cabe recordar que en el caso del alcalde de Reus, por ejemplo, también estaba investigado por otra causa, ésta referente a la cesión a la Generalitat de los locales de titularidad municipal para la celebración del Referèndum. Unas diligencias que quedaron archivadas el año pasado.

Innova, con cuentagotas

La noticia de la semana pasada me hizo fijar la atención en dos aspectos. El primero es el fin de los casos de odio vinculados con el Procés en Reus, mientras que el otro hace referencia a Innova. Con la macrocausa del holding municipal ocurre una situación de atascamiento difícilmente entendible tanto por su dimensión (están investigadas decenas de personas) como trascendencia. Incluso el propio magistrado que instruye la causa ha señalado, en más de una ocasión, los perjuicios que genera la saturación de los juzgados.

De hecho, Innova todavía cuenta con un par de piezas secretas de las 15 totales. Y todo ello, cuando el próximo mes de enero de 2020 se cumplirán nueve años de su inicio. Una situación que, también, perjudica a todos.

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