Ciudad viva, ayuntamiento muerto

Reus se apresta a estrenar uno de los mayores proyectos comerciales en marcha en el país sin haber preparado nada para su encaje con el comercio y el centro urbano

19 mayo 2017 21:34 | Actualizado a 22 mayo 2017 12:09
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La apertura, de aquí a un mes, de La Fira Centre Comercial es una excelente noticia. Que Metrovacesa y las firmas que la acompañan realicen una apuesta de esta envergadura invita a creerse que la recuperación está en marcha. Y que lo hagan en Reus confirma que la ciudad sigue siendo el referente del comercio urbano en Catalunya. Su encaje constituirá una nueva vuelta de tuerca al modelo comercial reusense.

El complejo de Metrovacesa es uno de los mayores proyectos comerciales que actualmente se ejecutan en el país. Su impacto en la ciudad solo es comparable con el que en su día tuvo el aterrizaje de Carrefour en pleno casco urbano (1991) y la apertura del paseo comercial de El Pallol en el centro histórico (2007).

Metrovacesa es, seguramente también, el mayor éxito de la gestión del alcalde Carles Pellicer. Un proyecto que rechazó abiertamente cuando estaba en la oposición y que tuvo que salvar del naufragio tras su llegada al poder. El problema no era solo el gigantesco esqueleto de hormigón que dejó la paralización de las obras, sino cobrar el canon que Metrovacesa debía pagar por la concesión de los terrenos, dinero que el Ayuntamiento tenía comprometido para financiar la nueva feria. Un enorme pufo que amenazaba con hundir las finanzas municipales y que Pellicer logró reconducir.

Pero lejos de darle continuidad a este logro, la gestión del encaje de Metrovacesa con el comercio tradicional y el entramado urbano ha quedado en vía muerta tras una década de promesas de todos los gobiernos municipales. Nada se sabe de campañas especiales de promoción, ni tan siquiera de la Targeta Ciutat de Unió de Botiguers presentada el pasado mes de enero. Quién sabe si por las malas relaciones entre el gobierno municipal y la entidad, por la falta de consenso con las otras agrupaciones comerciales o para no competir con la tarjeta de fidelización Compradors pel país promovida por la Generalitat. La mejora de la conexión de La Fira Centre Comercial con el centro urbano también duerme el sueño de los justos.

Este asunto es un buen ejemplo de la esclerosis en la gestión municipal a consecuencia del bloqueo político en el Ayuntamiento. El pleno atomizado y la diabólica aritmética que dejaron las ultimas elecciones municipales se han traducido en la incapacidad de articular ningún pacto que alivie la extrema debilidad de un gobierno en minoría de siete concejales sobre 27. Y la fórmula de una gran coalición, única alternativa capaz de garantizar la estabilidad, resulta implanteable ante las incompatibilidades de caracteres y proyectos entre unos y otros.

Así las cosas, las políticas urbanísticas, culturales, sanitarias o de promoción económica, paralizadas durante la pasada legislatura, han firmado su certificado de defunción más allá de la gestión del día a día. Para colmo de males, los efectos demoledores del caso Innova se traducen en que en el ayuntamiento y las empresas municipales todo el mundo se lo piensa siete veces antes de decidir y firmar nada.

Para buscarle alguna lectura positiva a este estado de cosas, habría que recurrir a las teorías neoliberales según las cuales las cosas van mejor cuanto menos intervienen y cuestan los gobiernos y administraciones publicas. Al fin y al cabo, sanear las cuentas, adelgazar la estructura municipal y renunciar a proyectos faraónicos han sido las banderas del alcalde Pellicer.

Así pues, una vez liquidada Innova, reestructurado todo el grupo de empresas, las cuentas en fase de estabilización y la deuda reducida a niveles más asumibles, el Ayuntamiento podría dedicarse a bajar impuestos. A falta de otros proyectos, es la medida que más directa e inmediatamente beneficia a casi todos los ciudadanos.

Pero ni así caerá esa breva, porque las ordenanzas fiscales para 2016 traen una nueva subida de impuestos escondida bajo la disminución de las bonificaciones fiscales por la domiciliación del IBI y el pago adelantado de impuestos. Esta vez el argumento es que hay que compensar la disminución de los ingresos procedentes del Estado.

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