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Un hombre de 44 años ha aceptado este miércoles una pena de 21 años de prisión -de los cuales solo cumplirá un máximo de 9- por haber pagado dinero a cuatro menores de Reus a cambio de prácticas sexuales y haber abusado de ellos varias ocasiones, entre 2016 y 2019. El caso se tenía que juzgar este miércoles a la Audiencia de Tarragona, pero las partes han llegado a un acuerdo de conformidad que reconoce que el hombre tiene acreditado un grado de discapacidad del 65% y que esto afectó sus capacidades "de manera importante". El condenado era monitor de deportes al Consell Esportiu del Baix Camp y entrenador de fútbol, pero los hechos no están ligados a este ámbito y se enmarcan en un entorno familiar. Igualmente, se lo ha inhabilitado para trabajar con menores.
La sentencia ya es firme y considera probadas las acusaciones que hacían la fiscalía y las acusaciones particulares contra J.A.G.H., de 44 años. Así, según la resolución, la primera víctima empezó a sufrir abusos cuando tenía 10 años. El 2016, cuando la niña se encontraba ingresada en el hospital después de sufrir un accidente, le hizo una visita en su condición de entrenador del equipo de fútbol de la escuela Eduard Toda. Aprovechando que la madre salió brevemente de la habitación, le hizo tocamientos en los pechos y en la cadera, intentando llegar a la zona vaginal sin conseguirlo por la negativa de la niña, que lo explicó a la madre. Además, el 2018 la niña inició una relación sentimental con un pariente del hombre, motivo por el cual coincidían habitualmente al domicilio de él. Cuando la niña tenía 12 o 13 años, también le propuso en varias ocasiones -en persona o a través de las redes sociales- participar en comportamientos sexuales a cambio de dinero, a la cual cosa la menor no accedió.
Proposiciones sexuales a cambio de dinero
Los hechos correspondientes a la segunda víctima se remontan en verano de 2017 cuando la niña, tutelada por la DGAIA, tenía 11 años. La menor solía acudir en el domicilio del acusado junto con otra niña -la tercera víctima- y el novio de esta, que a la vez es pariente lejano del hombre. En una ocasión, mientras la menor dormía, el hombre le hizo tocamientos en la zona genital y durante el 2017 y 2019, de forma reiterada, la menor accedió "voluntariamente" a proposiciones de carácter sexual por las cuales él le daba 20 o 50 euros. En una ocasión, todo y la negativa a hacerle una felación a cambio de 50 euros, el hombre la obligó.
En cuanto a la tercera víctima, entre 2016 y 2019 le propuso varias veces tocamientos en brazos, piernas y zonas genitales, estando la menor desnudada, a cambio de 20 o 30 euros. En algunas ocasiones, la niña masturbaba el acusado, ya estuviera en el domicilio de él, o a las instalaciones deportivas del colegio Eduard*Toda de Reus, a las cuales el condenado tenía acceso en su condición de entrenador de fútbol del Club Deportivo Inter de Reus. En una ocasión, el 2018, la obligó a hacerle tocamientos a pesar de que ella no quería.
Finalmente, la cuarta víctima vivía desde pequeña en el domicilio del acusado y en el momento de los hechos trabajaba para el hombre cuidando la madre de este. Durante los años 2017 y 2018, cuando ella tenía 15 años, el hombre le propuso "ahincadamente" hacerle tocamientos a cambio de 30 o 50 euros a los cuales la menor se negaba. Finalmente, pero, accedió a mediados de 2018, cuando ya tenía 16 años. Fueron unas cinco o seis ocasiones, en las cuales la víctima hacía masajes al acusado mientras él le hacía tocamientos en los pechos a cambio de 50 o 70 euros.
Familiares de tres de menores interpusieron denuncia a la comisaría de los Mossos de Reus en enero y la Generalitat -en representación de la menor tutelada- lo hizo el marzo de 2019. El 17 de enero de 2019 el juzgado de instrucción acordó prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre.
Máximo de nueve años entre rejas
La fiscalía pedía inicialmente 43 años de prisión, pero este miércoles ha sellado un pacto en conformidad con la defensa, la acusación particular -en representación de una de las víctimas- y el abogado de la Generalitat que ha evitado la celebración del juicio este miércoles y jueves.
Fruto de este acuerdo, la Audiencia ha condenado el hombre a 21 años de prisión. En concreto, por tres delitos continuados de abusos sexuales a menor de 16 años (con una pena de 3 años de prisión cada uno), tres delitos continuados de inducción a la prostitución de menor de 16 años (3 años más de privación de libertad cada uno), un delito continuado de abusos sexuales a menor de edad (1,5 años de prisión) y un delito continuado de corrupción de menores (1,5 años).
El tribunal ha aplicado la atenuante calificada de enajenación mental porque, en el momento de los hechos, el hombre tenía acreditado un grado de discapacidad del 65%, con crisis de epilepsia, convulsiones generalizadas y retraso mental. Además, había sido escolarizado en una escuela de educación especial. Todo ello, concluye la sentencia, afectaba sus capacidades volitivas e intelectuales de manera importante".
El hombre, pero, solo pasará un máximo de 9 años entre rejas -ahora ya lleva casi dos- por la regla del triple de la mayor, que prevé que un condenado no pueda estar encarcelado por más tiempo del triple de la condena más elevada (que es de 3 años). Además, la sentencia también impone al hombre 7 años de libertad vigilada, la prohibición de hacer trabajos o profesiones -remuneradas o no- que impliquen contacto con menores durante 7 años y que no pueda acercarse a las víctimas a menos de 250 metros ni comunicarse con ellas por ningún medio durante este mismo periodo.
El Consell Esportiu del Baix Camp suspendió el contrato laboral "de forma inmediata"
De su banda, el Consell Esportiu del Baix Camp (CEBC) ha manifestado en un comunicado que cuando tuvo conocimiento de la detención del monitor, hace cerca de dos años, procedió "de forma inmediata" a la suspensión del contrato de trabajo a la espera de la resolución judicial.
"Esta decisión, a pesar de que las acusaciones se corresponden a hechos relacionados con el ámbito familiar y en ningún caso con el ámbito laboral, se tomó de forma inmediata e irrevocable a fin de garantizar los derechos de nuestros usuarios y trabajadores", ha defendido el CEBC en la nota.
La entidad también ha apuntado que la contratación del monitor se había hecho para dar cumplimiento a la normativa que disponía que las empresas con un volumen importante de trabajadores tienen que contratar un determinado porcentaje de personas con discapacidad.
