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Condenan al Ayuntamiento de Reus a devolver una multa de 250 euros a un conductor

El joven fue sancionado por saltarse un semáforo en rojo
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Imagen del joven de 26 años con su abogada. Foto: DT

Imagen del joven de 26 años con su abogada. Foto: DT

«Condeno al Ayuntamiento de Reus a restituir las sumas abonadas en concepto de multa, así como a realizar cuantas gestiones sean necesarias para devolver al recurrente los puntos del carnet detraídos». Este es el fallo de la sentencia emitida por el Juzgado Contencioso Administrativo Número 1 de Tarragona a la demanda interpuesta por un joven de 26 años, después de que él mismo fuera multado con 200 euros y la retirada de 4 puntos del carnet de conducir por presuntamente haberse saltado un semáforo en rojo en abril de 2013 en la avenida Marià Fortuny.

Durante todo este tiempo, el joven ha sostenido que hubo un error en el procedimiento sancionador, puesto que él no cometió la infracción y la denuncia no fue notificada en el acto. Después de dos años, ahora un juez le ha dado la razón. «Estaba en casa cuando me llegó la multa porque me había saltado un semáforo en rojo, pero no se me había notificado la sanción», explica el joven, quien añade que «me llegó el boletín de denuncia, es decir, el tercer aviso. Las dos primeras notificaciones no las recibí».

Como estaba seguro de no haber cometido la infracción, este conductor decidió presentar un escrito de las alegaciones «porque si de verdad hubiese cometido esta falta grave me tenían que haber parado en el momento y notificarme la sanción». Concretamente interpuso dos recursos, ambos fueron rechazados. «Por sistema el agente de tráfico tiene lo que se llama presunción de veracidad (derecho o principio legal y jurídico del que disfrutan las personas dotadas de autoridad pública en la realización de sus funciones) y en ambos casos se denegaron los recursos porque no pudimos aportar pruebas, y vale más la palabra del agente que la suya», asegura la abogada del joven, Lídia Lobato.

Ante esta situación, la única solución fue acudir al juzgado para interponer una demanda. «Me arriesgué porque estaba seguro que no me había saltado el semáforo», explica el joven. Según relata la letrada, «como la sanción era firme en vía administrativa mi defendido fue embargado con recargo, en total fueron 250 euros, y además tuvo que pagar los 100 euros de tasas judiciales para iniciar el procedimiento». «Lo que se alegaba en la demanda es lo mismo que mi defendido apuntó en los dos recursos, que era necesario que hubiera una prueba de la infracción y que para que no se notifique la sanción en el acto habían de existir unos motivos tasados», explica Lobato, quien recalca que «pese a tener la oportunidad de justificar la no notificación el ayuntamiento no lo hizo en ningún momento». En la sentencia, el juez relata que «en la última oportunidad que la Administración tenía para justificar esta falta de entrega se hizo comparecer a un agente que, no obstante ser el que figuraba en la notificación efectuada, no era el que impuso la sanción y desconocía los hechos. Por ello, a pesar de que la administración ha tenido sobradas oportunidades para acreditar lo correcto de su actuación, las ha desaprovechado todas».

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