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El Ayuntamiento de Reus, a través de la concejalía de Benestar Social, quiere desarrollar un plan de prevención de las ocupaciones en el barrio Sant Josep Obrer.
El modelo que sigue es el aplicado hace dos años en el barrio Gaudí, en el que se implicó activamente la asociación de vecinos. Conocedores de que la realidad en Sant Josep Obrer es diametralmente distinta, el consistorio busca la complicidad y trabaja con los agentes implicados en la organización social del barrio para cumplir con su objetivo.
La concejal de Benestar Social, Montserrat Viella, admite que «el barrio es complejo porqué hay tres realidades distintas. Mas Abelló, donde hay problemas de okupación en la zona de las Verges; Mas Pellicer, con una realidad complicada con las okupaciones, y la zona propia de Sant Josep Obrer, donde no existe, prácticamente, dicho problema».
Además, Vilella resalta que existen dos asociaciones de vecinos en la zona y que, en Mas Pellicer, se encuentran pisos que son propiedad de la Generalitat. «La gente de Mas Pellicer sólo quiere vivir en el barrio», explica la concejal, que apunta: «Hay que analizar la situación y buscar complicidades».
Por todo ello, han empezado un ciclo de reuniones con los principales agentes implicados. Desde las asociaciones de vecinos, a las comunidades musulmana y gitana, la Guàrdia Urbana, Mossos d’Esquadra, las concejalías de Seguretat Ciutadana, Urbanisme y Benestar Social, y la Generalitat. El objetivo es encontrar la fórmula que permita reducir el número de ocupaciones.
Ayudas sociales
Vilella también quiere dejar claro que no se trata de criminalizar la okupación, pero sí que hay que concienciar a toda la ciudadanía que esta fórmula no es la puerta de entrada a ninguna ayuda social o a una solución a una situación compleja.
«En el derecho a la vivienda, la okupación es la parte oscura, porqué da salida a situaciones de vulnerabilidad pero también a gente que la utiliza como su forma de vida. No hay que olvidar que hay incluso mafias que permiten a la gente acceder a un piso a cambio de dinero». Además, añade Vilella, la okupación puede ir acompañada de problemas de convivencia y de seguridad.
En 2015, el gobierno municipal redactó un protocolo interno de actuación ante la okupación de pisos. El documento detalla cómo proceder para evitar que se okupen vivienda. Y es que el problema, según cuentan desde el Ayuntamiento, es que una situación de okupación es muy complicada de revertir una vez realizada. Por todo ello, buscan la complicidad de los vecinos. «Aquellas personas que tengan problemas hipotecarios o que necesiten una ayuda para obtener un piso tienen a su disposición la Oficina d’Habitatge», dice Vilella.
Modelo de éxito
Según cuenta Vilella, «en el barrio Gaudí, la acción coordinada ha sido un éxito». Explica que se han reducido las okupaciones problemáticas y los vecinos han ayudado a distinguir los dos tipos de okupas: aquellos que necesitan ayuda de aquellos que utilizan la okupación como un modus vivendi.
La misma opinión sustenta la presidenta de la Assocació de Veïns del Barri Gaudí, Maria del Mar Escoda, que hace una valoración «positiva» del trabajo realizado en el último año. «Más allá de algún caso puntual, no tenemos constancia de que se hayan producido nuevas okupaciones», asegura, sin dejar de mencionar que, no obstante, todavía queda mucho trabajo por hacer.
Por ejemplo, explica que en el barrio siguen habiendo viviendas vacías (muchas de ellas tapiadas por los propios residentes) que son propiedad de entidades bancarias. Éstas, subraya, «podrían tener una finalidad social e ir dirigidas a familias desfavorecidas». También destaca que los residentes están más atentos ante posibles okupaciones y, de inmediato, contactan con la Guàrdia Urbana o los servicios socials.
«Hay que hacer pedagogía entre la ciudadanía de que okupar pisos no es la solución», finaliza Montserrat Vilella, que señala que en los últimos años se han permitido situaciones que no deberían haber sido válidas.
