De la Caixa Rural a Bankia: amoríos, rescates y cenizas

Munta i Baixa | Banca. La absorción de la entidad reusense por Cajamadrid dio pie a la batalla territorial con La Caixa, que saborea la victoria 34 años después

JOSEP CRUSET

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Logotipo de la Caixa Rural de Reus, adquirida por Cajamadrid en 1986 a raíz de la crisis de la entidad. FOTO:CEDIDA

Logotipo de la Caixa Rural de Reus, adquirida por Cajamadrid en 1986 a raíz de la crisis de la entidad. FOTO:CEDIDA

Los consejos de administración de Caixabank y Bankia formalizaron el pasado jueves el acuerdo de integración, por el que la entidad catalana absorbe a la madrileña, aunque ambos bancos tienen hoy su sede social en Valencia. El capítulo final de su vieja guerra por la supremacía en el sector llega, paradójicamente, años después de que las cajas de ahorros pasaran a la historia para reconvertirse en bancos.

El pulso que mantuvieron La Caixa y Cajamadrid –matrices de Caixabank y Bankia– fue más allá del ámbito financiero, porque entraron en juego poderosos intereses políticos, económicos y territoriales. Y, curiosamente, uno de los episodios que propició la ruptura de las hostilidades sucedió en Reus en 1986.

En aquel entonces las cajas de ahorros tenían prohibido abrir oficinas fuera de sus regiones de origen. Las grandes cajas, con Caixabank y Cajamadrid al frente, reclamaban al Ministerio de Economía la eliminación de las limitaciones a la extraterritorialidad, mientras que las pequeñas intentaban evitarlo, lo que bloqueaba la apertura del mercado. La única vía para la expansión geográfica era la compra de entidades en crisis. Las grandes cajas intentaron allanarse este camino mediante un acuerdo tácito –y efímero– de no agresión.

La operación más llamativa la protagonizó Cajamadrid con la compra de la Caixa Rural Provincial de Reus, lo que significaba su desembarco en Catalunya al hacerse con 60 oficinas y 10.000 millones de pesetas en depósitos.

Espantada hacia Sudamérica

La Caixa Rural arrastraba un agujero de 2.000 millones de pesetas, en su mayor parte a consecuencia de los créditos concedidos a la Unió Agrària Cooperativa de Reus –la mayor cooperativa catalana, con más de 120 entidades locales asociadas–, que en los años previos había acumulado pérdidas de 2.600 millones de pesetas y la Generalitat había tenido que emitir deuda para salvarla.

La responsabilidad de la crisis se achacó al director comercial de Unió Agrària, el vallense Josep Roig, a su vez conseller de Agricultura de la Generalitat en el gobierno de Tarradellas y diputado por ERC en el Parlament. El asunto derivó en folletín en 1982 cuando, al estallar el caso e iniciarse las auditorías, Roig se fugó a Argentina con su secretaria en ERC, treinta años más joven y que, para mayor escandalera, era esposa de un directivo bancario tarraconense. Roig regresó tres años después al no existir cargos contra él.

Cuando el Banco de España examinó las cuentas de la Caixa Rural y constató que ejercía de brazo financiero de Unió Agrària –sus juntas rectoras estaban formada por las mismas personas–, abrió expediente a sus responsables por los excesivos riesgos que la caja había contraído con la cooperativa e instó el cese del director de la Caixa Rural, Jordi Lluís.

En lo que se convirtió en un clásico en este tipo de quebrantos, Lluís reclamó la cuantiosa indemnización que estipulaba su contrato –21 millones– pese al descalabro de su gestión. La respuesta de los enfurecidos cooperativistas fue de todo menos cordial.

Llegados a 1986, Cajamadrid vio en las gravísimas dificultades de la entidad reusense una oportunidad para incrementar su presencia en el mercado catalán. Su director general, el tarraconense Mateo Ruiz Oriol, había sido el creador y primer director de la Caja de Ahorros Provincial de Tarragona y conocía bien la plaza.

La adquisición no halló resistencia seria entre las cajas catalanas, ya que las que estudiaron presentar una oferta alternativa la acompañaban de una solicitud de ayudas públicas para el reflotamiento. Cajamadrid, por contra, aceptó asumir de su bolsillo la totalidad de las pérdidas generadas y el coste del saneamiento.

Otra de las claves de la operación fue que, a cambio, la entidad madrileña obtuvo autorización para cerrar ocho oficinas en poblaciones rurales –L’Argentera, Alfara de Carles, Els Reguers, Ulldemolins, La Vilella Alta, Bellmunt del Priorat , Torroja y La Figuera– y abrir otras tantas en municipios turísticos o de mayor tamaño –Salou, Cambrils, Calafell, Torredembarra, Mont-roig, La Selva del Camp, Deltebre y L’Arboç del Penedès–.

Réplica de La Caixa en Madrid

La réplica de La Caixa llegó casi al unísono, ya que la entidad catalana se postuló para comprar la Caja Rural de Madrid, intervenida por el Banco de España en 1985 tras acumular pérdidas de 4.500 millones de pesetas. La Rural madrileña estaba presente en la mayoría de localidades de la Comunidad y la oferta de La Caixa, que también asumía por su cuenta todos los números rojos, pretendía cerrar parte de las sucursales existentes en los pueblos y abrirlas en las ciudades, especialmente en la capital. Una operación casi calcada a la de Reus.

Pero sucedió que Cajamadrid también se presentó a la puja con una oferta que no implicaba la desaparición de oficinas en municipios pequeños porque la entidad absorbente también estaba presente en ellos. Y con este argumento el Banco de España adjudicó la Rural a la caja madrileña.

Al final quedó claro que una cosa era romper la territorialidad en Tarragona y otra en Madrid, y que algunos poderes políticos y económicos no veían con buenos ojos semejante salto adelante de la implantación de La Caixa en la capital de España. La entidad catalana tomó nota y el episodio marcó la competencia por ganar tamaño en el sector hasta que los reguladores pusieron fin al veto legal a la expansión geográfica. La historia posterior, en que el destino de ambas entidades se empeñó en cruzarse, es de sobras conocida.

Un buen ejemplo del legado de cenizas dejado por los antiguos gestores que dilapidaron Cajamadrid y Bankia es que, 34 años después de aquel lance, la entidad sólo tiene cuatro oficinas en la provincia de Tarragona.

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