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El Ayuntamiento de Reus afirma que las familias okupas ni son vulnerables ni están empadronadas en la ciudad

El equipo de gobierno lanza un mensaje contundente y deja claro que 'no hará ninguna concesión' a los ocupantes de la calle Joan Coromines. También acusa a la CUP de 'deslealtad institucional'

Francesc Gras

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Concejales de la CUP han realizaron este jueves una rueda de prensa para explicar su papel de mediador entre los vecinos, los okupas y la entidad bancaria. Al finalizar su exposición se ha producido un intenso debate entre algunos vecinos y las familias que okupan las viviendas. Foto: Alba Mariné

Concejales de la CUP han realizaron este jueves una rueda de prensa para explicar su papel de mediador entre los vecinos, los okupas y la entidad bancaria. Al finalizar su exposición se ha producido un intenso debate entre algunos vecinos y las familias que okupan las viviendas. Foto: Alba Mariné

El Ayuntamiento de Reus ha roto su silencio en la polémica abierta a raíz de la okupación de los 17 pisos de la calle Joan Coromines. Y lo ha hecho con un mensaje claro, contundente y asegurando que «no hará ninguna concesión en casos claros de ocupación ilegal» como el que se está viviendo en el barrio Horts de Miró. A través de un comunicado, el gobierno municipal manifesta que los Servicios Socials se reunieron con representantes de las familias  que okupan los dos bloques de la calle Joan Coromines e informaron que no cumplen con los requisitos necesarios para tener que actuar de urgencia.

«Los ocupantes ilegales no reúnen las condiciones legales para que se les reconozca como vulnerables y se deba afrontar como una emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética». Otro dato revelador aportado por los Servicios Sociales es que ninguna de las familias, todas ellas de etnia gitana, son de la ciudad. «Los ocupantes ilegales de las viviendas deberían solicitar el informe al ayuntamiento del municipio donde están empadronados, que en ningún caso es Reus».

El equipo de gobierno rechaza el papel de la CUP y la acusa de ‘deslealtad institucional’

Desde el equipo de gobierno también muestran muy críticos con el grupo municipal de la CUP, al que acusan de «deslealtad institucional» por asegurar que habían hecho de mediadores entre la entidad bancaria propietaria de los edificios y los okupas. «A día de hoy, el gobierno de Reus no tiene conocimiento oficial de que la entidad bancaria a la cual se ha referido la CUP –BBVA– sea la propietaria de las viviendas okupadas».

El Ayuntamiento también ha hecho un llamamiento a la tranquilidad manifestando que «velará para que las personas en situación de vulnerabilidad tengan cubiertas sus necesidades básicas, pero no puede permitir que alguien se aproveche de la situación porque, entonces, iría en contra de los intereses del conjunto de la ciudadanía y perjudicaría a las personas que realmente lo necesitan».

Una patrulla de la Guàrdia Urbana vigila desde el viernes la calle Joan Coromines. Foto: A.M.

La CUP, con los okupas

Concejales de la CUP han celebrado este jueves una rueda de prensa en la calle Joan Coromines para explicar su actuación como mediadores en el conflicto y criticar la «pasividad» del gobierno municipal. Según ha explicado el cupaire Edgar Fernández, su partido se reunió con las familias, los vecinos del barrio y personal de una agencia de coordinación vinculada con el BBVA. Desde esta última, se expuso al grupo municipal el procedimiento a seguir para que las familias puedan acceder a una vivienda social de su propiedad.

La CUP interviene en el conflicto y espera que los okupas tengan  de nuevo agua y luz

«Hemos hablado con los representantes del BBVA que nos han mostrado una total predisposición a solucionar el problema. Nos entregaron tres documentos que las familias deben rellenar para poder acceder a una vivienda social», ha declarado Fernández. Él mismo también ha anunciado que la semana que viene se empezará una ronda de reuniones con las familias okupas que «presentan una situación de emergencia social en cuestión de vivienda». Desde la CUP también subrayan que «se ha cortado el suministro de agua y luz con la presencia de menores y sin garantizar unos mínimos básicos a familias con situación de exclusión social». 

El discurso de la CUP choca frontalmente con el del gobierno municipal y queda invalidado en cuanto éste asegura, a través de Servicios Sociales, que las familias okupas no presentan ningún tipo de vulnerabilidad para que tengan que ser reubicadas.

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