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El Ayuntamiento de Reus dejará de utilizar máquinas de ozono

El gobierno vota «por prudencia» a favor de una moción de la CUP en la que se acuerda la retirada de dichos equipos hasta que Salut y Sanidad se pronuncien sobre su eficacia

Cristina Valls

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El alcalde de Reus, Carles Pellicer, durante el pleno municipal de ayer viernes. FOTO: Alfredo González

El alcalde de Reus, Carles Pellicer, durante el pleno municipal de ayer viernes. FOTO: Alfredo González

El Ayuntamiento de Reus dejará de utilizar máquinas de ozono como método de desinfección contra la pandemia del Covid-19 con finalidades preventivas y «por prudencia» hasta que se confirme su inocuidad hacia las personas, así como su efectividad contra la propagación del virus. Dicha propuesta, encabezada por la CUP –y su portavoz Marta Llorens– en la celebración del pleno municipal de ayer, prosperó por unanimidad con enmiendas incorporadas por el gobierno. Los cupaires pidieron al consistorio que «actuara como servicio público», que «pusiera en el epicentro político la salud» y que ratificara la seguridad de las máquinas de ozono para desinfectar las dependencias municipales. En esta línea, el concejal de Recursos Humans i Medi Ambient del Ayuntamiento de Reus, Daniel Rubio, propuso unas enmiendas asegurando que instarían a los «estamentos superiores» –el Departament de Salut de la Generalitat y el Ministerio de Sanidad– para que se pronunciaran sobre el asunto a través de sendos informes. Rubio, además, aclaró que las máquinas de ozono se utilizaron como «complemento desinfectante» y en «acciones  concretas» a cargo de la Guàrdia Urbana. Fueron, según acotó, para la «limpieza de sus vehículos». 

«La situación que vivimos es muy nueva. Operamos con responsabilidad», aseguró Rubio. Débora García (Cs) complementó su primera intervención para apuntar que el BOE «podría haber establecido los productos concretos» para reducir, así, la «incertidumbre de aplicar según qué métodos sin garantías». En las filas socialistas, Andreu Martín añadió que «no era necesario hacer gasto por algo que no sabemos si es del todo efectivo». 

En materia de innovación, el bloque socialista recibió el apoyo unánime del pleno en una moción relacionada con la presentación de Reus como candidata al concurso Capital Europea de la Innovación, donde se reconoce a las ciudades que desarrollan ecosistemas de innovación para afrontar retos y mejorar la vida de la sociedad. El período de inscripción finalizará el 23 de junio y el premio es de un millón de euros. «Queremos dinamizar el territorio para convertirnos en un destino innovador», dijo Andreu Martín, que destacó el Tecnoparc como motor de la candidatura.

Respecto a la proximidad del vencimiento de la presentación de candidaturas, Mònica Pàmies (CUP) pidió concreción sobre los programas que se presentarían. «La fecha es, además, inminente», apuntó. En respuesta a ello, Martín aclaró que «no sabemos la realidad de los proyectos a presentar, pero podemos presentar la candidatura en convocatorias posteriores», respondió. Desde el gobierno, Montserrat Flores explicó que el concurso casaba con los objetivos del mismo y declaró: «Los técnicos dirán si estamos preparados o no». Débora García (Cs) apoyó la iniciativa «que nos dará visibilidad tanto si ganamos como si no, será positivo para el turismo y tenemos músculo, contamos con organismos como la URV, el Clúster TIC o Tecnoredessa». 

Los socialistas consiguieron el apoyo del gobierno (desde donde se aportaron enmiendas para mejorar su concreción) y de Ciudadanos en su propuesta de resolución sobre la adhesión de la demarcación a la red certificada de zonas verdes de la UE. «Reus depende de la viabilidad del sector turístico. Hay que reactivar infraestructuras como el aeropuerto como puerta de entrada de turistas extranjeros», dijo Montserrat Caelles desde el gobierno.
Ciudadanos obtuvo apoyo parcial en una propuesta de resolución sobre la libertad de elección educativa, por una parte; y, por otra, en una moción la inclusión de personas «vulnerables» en fiestas y celebraciones. Por otro lado, no prosperó una moción de la formación independentista CUP sobre el establecimiento de la tarjeta residente, en la que se contemplaba una rebaja del 50% de la tarifa para personas con ingresos bajos o en el paro, según aportó Edgar Fernández. 

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