El Ayuntamiento de Reus quiere instalar fotovoltaicas en todas las dependencias municipales

Reus busca la «descarbonización», es decir, reducir las emisiones de CO2, «y no se trata únicamente de una cuestión de movilidad, como la gente suele pensar», remarca el concejal de Medi Ambient del Ayuntamiento, Daniel Rubio. En este sentido, la ciudad ha puesto en marcha distintas medidas con el fin de potenciar el uso de energías renovables. Un primer paso ya fue la renovación municipal con diez vehículos eléctricos y, este año, el alumbrado público y las dependencias municipales se abastecerán totalmente con energía verde. 

A todo ello, ahora se suma otra iniciativa: dotar todas las dependencias municipales de placas solares para el autoconsumo, empezando con las escuelas públicas. Este último caso, se trata de un proyecto a tres años vista dotado con un presupuesto de 300.000 euros. Según detalla Dani Rubio, aún se están concretando aspectos de la licitación, pero la idea es que cada año, hasta 2022, se inviertan 100.000 euros. 

«La reducción de las emisiones de CO2 no es únicamente una cuestión de movilidad», explica Dani Rubio, concejal de Medi Ambient

«La primera fase ya se realizará este 2020», asegura Rubio. Concretamente, y según avanza el concejal de Medi Ambient del Ayuntamiento de Reus, este año las fotovoltaicas se desplegarán a cinco centros: Escola Isabel Besora, Institut Escola Pi del Burgar, La Vitxeta, Rubió i Ors y Doctor Alberich i Casas. «Cabe destacar que la energía generada en cada uno de los centros será para el autoconsumo», dice. En este sentido, cabe recordar que, actualmente, Reus ya cuenta con seis centros dotados con placas solares, además del Gaudí Centre. «Pero en estos casos, el uso de la energía generada es mercantil. Se inyecta en la red y se vende», detalla. Una situación que, paralelamente al proyecto que se quiere empezar ahora, seguirá siendo la misma, manteniendo el uso mercantil. En este caso, se trata de las escuelas General Prim, Joan Rebull, Rosa Sensat, Montsant y Teresa Miquel i Pàmies, además del Gaudí Centre. En total, la energía generada serviría para abastecer a más de 100 hogares.

En cuanto al nuevo proyecto, el concejal Dani Rubio detalla que el pico de máximo consumo en los centros escolares «coincide también con el momento de máxima producción de las placas», aunque también recuerda que dependerá del tiempo, «así que no siempre será posible un 100% de consumo de energía verde», reconoce.

«La energía generada por las actuales placas se vende, y ahora apostamos por el autoconsumo», señala Rubio 

Posteriormente, y con una visión más a medio-largo plazo, el planteamiento es que las fotovoltaicas también se desplieguen en el resto de edificios municipales, como pueden ser el Ayuntamiento o el Mercat Central. «También queremos explorar otras vías a través de financiación externa, como puede ser el europeo, para impulsar nuevos proyectos en, por ejemplo, los polígonos», añade Dani Rubio.

Energía verde a nivel municipal

Desde el consistorio reusense se destaca que el despliegue de placas solares en los centros educativos se enmarca en los Objectiu de Desenvolupament Sostenible con el fin de luchar contra el cambio climático. En este contexto, otra novedad de este 2020 es que el alumbrado público y los edificios municipales se están abasteciendo de fuentes de energía renovables. Una medida que ya está en marcha a día de hoy, y a través de la cual, el Ayuntamiento ha obtenido un certificado. El concejal de Medi Ambient recuerda que se trata de una iniciativa que, de momento, será para este 2020, «aunque la voluntad sería mantenerla para el próximo año», asegura. 

La facturación eléctrica municipal –hospital a parte– es de unos 4 millones de euros anuales, con lo cual, el hecho de abastecerse de energía verde supone, a la vez, un ahorro económico, además de la vertiente medioambiental.

Reus, una de las ciudades de bajas emisiones

Reus es una de las ciudades, al lado de Tarragona, que tendrá que implantar Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). El anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética establece que será obligatorio que los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares establezcan este tipo de zonas no más tarde de 2023. Además, el borrador fija que cualquier medida que suponga una regresión de las zonas de bajas emisiones ya existentes deberá contar con el informe previo de las administraciones estatales o autonómicas competentes en materia de protección ambiental. Desde el ministerio se destaca que esta medida es «fundamental» por cuestión de salud pública.