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El Ayuntamiento de Reus venderá Gecohsa a la Generalitat de Catalunya para salvar el Hospital Sant Joan de Reus de su causa de disolución. Concretamente, el consistorio ha acordado traspasar la empresa que gestiona el Hospital Comarcal de Móra d'Ebre al CatSalut. De esta forma, tal y como ya adelantó el Diari, se podrán afrontar los números rojos de 3,2 millones de euros con los que cerró las cuentas de 2017 el centro hospitalario reusense. Así lo ha aprobado este lunes el pleno del Ayuntamiento, constituido en junta general de la empresa Hospital Sant Joan, con los votos a favor del equipo de gobierno y de Cs, que ha justificado su decisión por "responsabilidad" con los ciudadanos.
La presidenta del Hospital de Reus, Noemí Llauradó, ha manifestado que la decisión surge por el inminente vencimiento del plazo para remover la causa de disolución (21 de mayo) y porque la medida cuenta con el beneplácito tanto de la Generalitat como de la Ribera d'Ebre. No obstante, y teniendo en cuenta el retraso en la constitución del Govern de la Generalitat, el acuerdo también contempla un segundo apartado para llevar a cabo una aportación no dineraria (cesión de patrimonio municipal) como ya se hizo el año pasado "para compensar las pérdidas acumuladas por la empresa". Una situación, ha apuntado Llauradó, que en caso de tener que aplicarse, "el CatSalut se ha comprometido ha devolver cuando esté en marcha el consorcio del Hospital Sant Joan".
PSC y la CUP han votado en contra de la medida. En el caso de los socialistas, la consejera y concejal Sandra Guaita ha asegurado que "es un día triste por la situación que atraviesa el Hospital de Reus y porque la ciudad pierde una empresa municipal". También ha argumentado el voto contrario de su partido porque "no tenemos ninguna garantía de que la Generalitat aplique los acuerdos planteados".
Por otra parte, durante la celebración de la junta general también se ha avanzado que el Hospital Sant Joan abonará, tras sentencia favorable de los trabajadores, las retribuciones en función de los objetivos (DPO) de 2016 y 2017. Por otra parte, Llauradó también ha apuntado que se iniciará un proceso para que abrir una oferta pública para que los empleados con contratos temporales puedan optar a una plaza fija.
