El Colegio de Abogados crea una sección para defender la propiedad frente a los okupas

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Proteger los derechos de los propietarios de inmuebles frente a la ocupación ilegal. Este es el objetivo que persigue el Col·legi d’Advocats de Reus tras impulsar la creación de la Secció per la Defensa dels Drets dels Contribuents i de la Propietat Privada. La iniciativa surgió a petición de un grupo de colegiados, en una reunión de la Junta de Govern a finales del año pasado, y por ahora cuenta con nueve miembros. «La proliferación de pisos y viviendas ocupadas ilegalmente es una realidad y, además, existe la sensación de que no se protege, lo suficiente, el derecho constitucional a la propiedad privada», asegura Francesc Garriga, representante de la sección. Señala la siguiente ‘peculiaridad’: «Actualmente es más fácil que la justicia actúe y se pueda recuperar la propiedad de una persona que tiene un contrato con otra, que en el caso de que una persona no posea ningún tipo de acuerdo». Ante este síntoma, la intención del Col·legi d’Advocats es «defender los derechos de los propietarios que, producto de su esfuerzo y de su trabajo durante muchos años, no quieren bajo ningún concepto encontrarse su inmueble ocupado de forma ilegal». Sobre esta cuestión, el abogado apunta que la ocupación de segundas residencias ha aumentado en los últimos años en Reus y señala que esta problemática es más sensible en la zona de la costa.

El objetivo también es organizar conferencias para responder a la problemática

En el mes de febrero Josep Anton Castells, vecino de Tortosa y propietario de un piso en Salou que compró hace más de dos décadas, recuperó el inmueble después de un año, y tras un juicio de por medio. Durante este tiempo, asegura que «la situación fue desesperante». «No podía ni acercarme al piso, porque de haberlo hecho podría haber tenido muchos problemas», lamenta. Ahora respira aliviado, pero no se le escapa que «el proceso se podría haber retardado más años si hubiese recurrido a la vía penal, en lugar de la vía civil».

El caso de Josep Anton Castells se remonta a marzo del año pasado, cuando relató al Diari que un día, tras recibir una llamada del presidente de la comunidad de vecinos preguntándole si había alquilado el piso, se encontró que no podía abrir la puerta porque habían cambiado el bombín y ocupado ilegalmente el piso. Una madre soltera y sus dos hijos eran los inquilinos, quien se negó a marcharse pese a la petición de Josep Anton Castells. Ante la negativa, el propietario decidió denunciar la situación con el único objetivo de recuperar su propiedad. 

Pérdida de derechos
«Se puede tardar entre 2 o 3 años en desocupar una vivienda, aunque en el mejor de los casos puede llegar a ser poco más de un año. Depende de los recursos que se interpongan, ya que en determinados casos se puede llegar a instituciones europeas», detalla Francesc Garriga. En su exposición de los hechos y las consecuencias de una ocupación ilegal, el representante de la Secció per la Defensa dels Drets dels Contribuents i de la Propietat Privada relaciona que «desde la pérdida de la posesión de una propiedad y hasta su recuperación, el propietario continúa teniendo todos los deberes, ya que no hay ninguna exención fiscal, ni de ningún tipo, por el hecho de que una vivienda esté ocupada ilegalmente, aunque sus derechos hayan sido menoscabados». Si bien, también da un toque de atención a los propietarios de segundas residencias. «Deben ser responsables de su propiedad, porque además de unos derechos también tienen unos deberes», apunta Francesc Garriga. Y entre las obligaciones está no tener la vivienda abandonada porque «el abandono también conlleva problemas como la ocupación ilegal y que puede perjudicar al resto de vecinos de una propiedad conjunta», argumenta el abogado.

Deberes de la administración
Desde la Secció per la Defensa dels Drets dels Contribuents i de la Propietat Privada entienden que la administración debe tomar parte en el asunto. Al respecto, aseguran que «queremos preparar mociones para que puedan presentarse en los plenos municipales y ser adecuadamente aprobadas». En este momento, ya están trabajando en una iniciativa y que esperan lo antes posible poder llevar al pleno del ayuntamiento. La intención también es estar atento y colaborar de las propuestas que surjan a nivel político. Francesc Garriga recuerda que «la diputada del PDeCAT, Lourdes Ciuró, instó a modificar Ley de Enjuiciamiento Civil para agilizar el proceso y recuperar con mayor celeridad las viviendas ocupadas ilegalmente». Para terminar de «poner negro sobre blanco», Francesc Garriga confirma que se organizarán conferencias con diferentes agentes, como jueces, agentes de la propiedad, notarios y expertos de la URV, para responder a la problemática de la ocupación ilegal.