El Col·legi de l’Advocacia de Reus, desbordado y desamparado ante el coronavirus

El Col·legi de l’Advocacia de Reus tiene 490 colegiados que, desde la aplicación del Estado de Alarma, han visto como su actividad laboral daba un vuelco de 180 grados con la aprobación por parte el gobierno central del Real Decreto que paralizó la actividad judicial ante la pandemia del nuevo coronavirus y, en consecuencia, todas aquellas actuaciones procesales que no sean de urgencia.

Para garantizar estos servicios públicos, como las asistencias a detenidos o presos, los servicios de guardia en violencia de género, extranjería o infancia desde el Col·legi d’Advocacia de Reus se las han tenido que ingeniar para ofrecer la seguridad mínima a sus trabajadores. En este sentido, el pasado lunes, se hizo la primera asistencia judicial a un detenido por videoconferencia, en una conexión con los Mossos d’Esquadra y el letrado de guardia. «Es algo que se irá aplicando en los distintos juzgados de Catalunya y que queremos que también se acabe instaurando en las declaraciones policiales», explica Encarna Orduna, decana del Ilustre Col·legi de l’Advocacia de Reus.

Sin embargo, desde la institución señalan que con el estallido de la crisis del coronavirus, se han sentido desamparados. «Desde el Estado no se nos han dado herramientas. Todas las medidas que hemos tenido que adoptar han sido de motu proprio», explica Ordina que añade «nosotros mismos nos hemos coordinado con los equipos para elaborar medidas caseras y adecuarnos a la situación». En ese sentido, señala que la decisión de cerrar los despachos la han asumido por motivos sanitarios, no por obligación del Real Decreto.

Así pues, ante esta inhibición gubernamental, la propia institución local se ha encargado de proporcionar el material sanitario en los juzgados, además de coordinarse con la jueza de Falset, la Guàrdia Urbana y los Mossos d’Esquadra para «evitar el máximo de desplazamientos posibles y garantizar así un mínimo de seguridad ante esta situación».

«Por mucho que haya una pandemia, nosotros seguimos al servicio de la sociedad. La abogacía trabaja más que nunca para defender el derecho de aquellos detenidos o privados de la libertar, de la víctima de violencia de genero y de los menores y los extranjeros», explica Orduna.

Y es que en la ciudad se activan cada día siete abogados de guardia del total de 184 colegiados de Reus dados de alta en el turno de oficio. En ese sentido, desde el pasado 15 de marzo y hasta el pasado lunes se han realizado 29 asistencias judiciales, la mayoría de actuaciones (doce) han sido en el Juzgado de Reus y en referencia a asistencias a detenidos.

Servicio 24 horas

Desde que empezó la orden de confinamiento, el Col·legi d’Advocacia de Reus ha registrado siete asistencias en el Juzgado Violencia Sobre la Mujer. En ese aspecto, Orduna quiere resaltar la inquietud que se plantea ante situación de una mujer confinada en un entorno antecedentes o indicios de violencia de género: «queremos que sepan que seguimos activos 24 horas para asistir desde el primer momento».

Los ERTE salvan a los negocios locales 

La mayor parte del tejido comercial  y empresarial de la ciudad de Reus se vio obligado a cerrar sus establecimientos y cesar su actividad el pasado lunes 14 de marzo con la entrada en vigor del estado de alarma. Desde entonces las asesorías y abogados laborales de la ciudad de Reus trabajan a marchas forzada para asumir todo el cúmulo de trabajo que se les ha venido encima, a la vez que pelean a contrarreloj  para ir descifrando las continuas novedades legislativas aprobadas por el Gobierno central con nuevas ayudas y medidas empresariales. 

En este sentido, Dolors Cailà, de la gestoria Reddis Assesorament de Reus, asegura que «vamos desbordados» y señala que muchos de los clientes que asumen en su gestoría son pequeñas empresas y negocios textiles que se han tenido que acoger a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Esto les ha servido para  poder rebajar los gastos económicos en meses de inactividad. Los ERTE, aclara,  eximen de pagar cuotas de la Seguridad Social y salarios. Con ello, ha querido incidir que los trabajadores a los que se les haya aplicado esta medida, cobrarán el 70% de la base reguladora de