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El Defensor del Pueblo retira la denuncia contra el Ayuntamiento de Reus

Pide disculpas por asegurar que el consistorio reusense tuvo una ‘actitud entorpecedora’ ante una queja vecinal y da el caso por cerrado

Diari de Tarragona

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La polémica surge por la queja de un ciudadano al que la grúa municipal le retiró el vehículo. Foto: A. Mariné

La polémica surge por la queja de un ciudadano al que la grúa municipal le retiró el vehículo. Foto: A. Mariné

El Defensor del Pueblo ha remitido una carta al Ayuntamiento de Reus en la que pide disculpas por asegurar que éste tuvo una «actitud entorpecedora» en el caso de la queja de un vecino al que la grúa municipal le retiró el coche de la calle. Según escribe esta institución, cuando el ciudadano afectado confirmó que ya había presentado el recurso contencioso-administrativo contra el consistorio «tendría que haberse dado por finalizadas las actuaciones y ello no se hizo». Los motivos que arguye para justificar que se tomara la decisión contra el consistorio reusense surge «por un error en la coordinación de los trámites del expediente de queja». Por todo ello, se da por terminado el expediente.

En la misma carta, el Defensor del Pueblo también acepta las disculpas del Ayuntamiento de Reus en cuanto éste no comunicó que la ampliación de la información solicitada sobre el caso, y que después se requirió hasta en tres ocasiones, «se había remitido al juzgado que estaba conociendo el recurso contencioso-administrativo del interesado frente a la resolución administrativa que constituía su queja». 

Trasladó el caso a Fiscalía antes de conocer que se había dado respuesta en los juzgados

La polémica se conocía a mediados del  pasado mes de junio cuando el Defensor del Pueblo anunció que había trasladado a la Fiscalía General del Estado la «actitud entorpecedora» de distintos consistorios del estado, entre ellos el de Reus. 

Según explicaban entonces fuentes del Defensor del Pueblo, se considera «administración entorpecedora» a aquella que no responde tras haberle enviado requerimientos hasta en tres ocasiones y recuerda que todas las administraciones tienen la obligación de responder y remitirle la información solicitada. 

En caso de no colaborar, la institución puede poner los hechos en conocimientos del Ministerio Fiscal, según establece el artículo 24 del Capítulo VI de la Ley Orgánica 3/81, que regula la Institución, tal y como terminó haciendo con todos los consistorios denunciados.

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