El Govern refuta la explicación de Gas Natural por el corte de luz a la anciana

La Generalitat abrirá expediente sancionador a Gas Natural por el caso de Rosa, la mujer muerta en Reus a la que cortó la luz por impago, aunque las entidades sociales se muestran molestas con el Govern por la ausencia de medidas y de compromiso político.

Govern y entidades intervinieron ayer después del segundo encuentro de la Taula d’Emergència de l’Habitatge i la Pobresa Energètica a Catalunya, en la que también participaron las empresas energéticas, y que duró unas tres horas.

El secretario de Empresa i Competitivitat, Joan Aregio, afirmó que las alegaciones presentadas por la suministradora no justifican que no se diera parte al consistorio antes de cortar la luz a la anciana de 81 años, que murió como consecuencia de un incendio provocado por una vela que usaba para alumbrarse. «Es un hecho muy grave», remarcó Aregio, quien aun así no concretó cuál será el importe de la sanción. De hecho, puede ir de 10.000 euros a un millón.

Las entidades sociales, por su parte, reclaman que se imponga la sanción máxima, y también que el Govern actúe «de oficio» para detectar y multar a las suministradoras que incumplan la Ley 24/2015 sobre pobreza energética y vivienda, que contempla informar a los Ayuntamientos antes de efectuar cualquier corte para cerciorar que no se afecta a personas vulnerables, aunque un artículo habla de un protocolo de actuación en este sentido que lleva meses encallado.

«Hay una cosa que está clara y a la que no hay que dar más vueltas: antes de cortar se tiene que informar a los Ayuntamientos», insistió Aregio.


Protocolo atascado
Gas Natural ha aducido desde el primer momento que la ley 24/15 de pobreza energética contempla un protocolo de actuación que lleva meses atascado y que, además, el Ayuntamiento de Reus no le comunicó que la anciana que perdió la vida en el incendio se encontraba en una situación vulnerable.

Pese a todo ello, y según muestra el acta de la anterior reunión de la Taula d’Emergència en l’Àmbit de l’Habitatge i la Pobresa Energètica celebrada el pasado 13 de junio, la misma directora de la Agència Catalana del Consum informó a los asistentes de que «se está igualmente trabajando en los protocolos que permitan desarrollar el artículo 6 de la ley 24/2015, a los efectos de evitar dudas en la aplicación por parte de las empresas y los servicios sociales, a los efectos de garantizar la protección de las personas». Precisamente es Consum quien deberá investigar toda la documentación presentada por la empresa el martes, a raíz del requerimiento que le hizo la Generalitat.

Asimismo, y según apuntan distintas fuentes consultadas, el protocolo de actuación está encallado desde hace meses a pesar de que el Parlament ha pedido que se acelerara en varias ocasiones.

Más allá de la pobreza energética, el encuentro que tuvo lugar ayer también sirvió para abordar cómo aumentar el parque de vivienda pública para dar respuesta a las necesidades de quien no puede pagar un alquiler o ha sufrido un desahucio.

«Estamos igual o peor», ha asegurado uno de los portavoces de las entidades sociales, Carlos Macías, que ha lamentado que «las entidades financieras y suministradoras no responden» y que «la Generalitat no obliga».