El TSJC anula la multa de 500.000€ a Naturgy por la muerte de la anciana de Reus que vivía sin luz

El TSJC recoge los argumentos de Naturgy, que esgrimió que la Generalitat no había desarrollado por decreto la aplicación de la ley que obliga a las empresas suministradoras de servicios básicos a informar de los impagos antes de cortarlos

EFE

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Imagen de archivo del acto ciudadano que tuvo lugar en la plaza del Mercadal tras su muerte en 2017. Foto: A. Mariné

Imagen de archivo del acto ciudadano que tuvo lugar en la plaza del Mercadal tras su muerte en 2017. Foto: A. Mariné

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado la sanción de 500.000 euros que la Generalitat impuso a la compañía Naturgy a raíz de la muerte de Rosa P.V., la anciana de Reus que en 2017 fallecía a causa de un incendio provocado por una vela después de que se le hubiera cortado la luz. 

La Alianza contra la Pobreza Energética (APE) ha informado este martes, en un comunicado, de que el alto tribunal dictó una resolución en este sentido el pasado 29 de diciembre. 

En la sentencia, el TSJC recoge los argumentos de Naturgy, que esgrimió que la Generalitat no había desarrollado por decreto la aplicación de la ley que obliga a las empresas suministradoras de servicios básicos a informar de los impagos antes de cortarlos, según esta organización. 

La sentencia no es firme, con lo que la Generalitat puede presentar recurso ante el mismo TSJC, que deberá emitir un nuevo dictamen, esta vez definitivo. 

La Generalitat, a través del departamento de Empresa, abrió un expediente a Gas Natural (ahora denominada Naturgy) tras la muerte de una anciana de 81 años en noviembre de 2016, por considerar que cometió "una infracción muy grave" al cortar el suministro de luz a la mujer, lo que la llevó a utilizar la vela que acabó originando el incendio. 

La APE denuncia en su comunicado que "el poder judicial sucumbe a los intereses del oligopolio energético y su voluntad de doblegar la ley contra la pobreza energética más garantista del Estado". 

La Alianza destaca que, pese a la resolución del TSJC, continúa vigente la ley 24/2015 que obliga a las empresas suministradoras de servicios básicos a comunicar a los servicios sociales municipales la existencia de impagos antes de efectuar un corte para poder estudiar si se trata de una familia o una persona vulnerable.

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