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Este viernes han finalizado las dos jornadas de declaraciones de testigos correspondientes al juicio oral que el Tribunal de Cuentas, departamento segundo de la Sección de Enjuiciamiento, ha abierto referente al aval de tres millones de euros que Innova concedió a Shirota Functional Foods. Según ha podido saber el Diari, la juez que instruye el caso, Margarita Mariscal de Gante, ha declarado el juicio concluso y visto para sentencia, aunque podría terminar sin que se emitiese una sentencia (por el principio de prejudicialidad penal).
Esto es así porque el caso del aval de Shirota también está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Reus dentro de la macrocausa Innova. Y es que, ante la coincidencia de dos procedimientos en marcha idénticos, uno por vía administrativo y otro penal, siempre prevalece el segundo. La juez puede optar por remitir sus investigaciones al juzgado penal de Reus. No obstante también existe la posibilidad de que la juez del Tribunal de Cuentas constatara aspectos distintos tras las declaraciones de los testigos y decidiera abrir otra línea de investigación por considerar que sí existe responsabilidad de quebranto contable por parte de los siete exediles demandados.
Entre los testigos que estos dos últimos días han pasado frente a la juez del Tribunal de Cuentas destaca el alcalde de Reus, Carles Pellicer, que declaró el jueves. También estaban citados como testigos la exprimera teniente de alcalde Teresa Gomis; la exsecretaria y asesora jurídica de Innova, Natàlia Torrell; la exdirectora económica y financiera del holding, Ester Ventura; el exgerente, Joan Carles Ferrater; el exgerente de Shirota, Xavier Gómez; y el administrador concursal Roberto Cortadas, entre otros.
La citación se ha producido a raíz de la investigación de tipo fiscalizadora del Tribunal de Cuentas tras recibir en 2012 la denuncia de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) que exponía presuntas irregularidades en el proceso de petición del aval de tres millones de euros, sin tener la mayoría del accionariado, que fue aprobado en 2007 y ratificado en 2008 en la Junta General de Innova. La causa se instruye contra siete miembros del gobierno tripartito de entonces: Lluís Miquel Pérez, Josep Morató, Eduard Ortiz y Àlex Martínez (PSC); Empar Pont y Jordi Bergadà (ERC); y Daniel Pi (ICV). Cuando, posteriormente, el Ayuntamiento también se personó en la causa, la CUP se retiró de la denuncia.
El Tribunal de Cuentas emitió a principios de julio las primeras sentencias relacionadas con la macro causa Innova. Los fallos condenaron al exdirector general del holding, Josep Prat; al gerente de Reus Transport Públic, Josep Maria Adserà, y al exapoderado de la Epel Innova, Josep Iglesias, por los incrementos salariales aplicados a las plantillas de estas empresas entre 2009, 2010 y 2011. El juez les condenó a indemnizar al Ayuntamiento por los 101.000 euros pagados indebidamente a los trabajadores. El Tribunal de Cuentas consideró que los aumentos retributivos vulneraron la ley de Presupuestos del Estado, que establecía congelaciones y recortes salariales para los empleados públicos. En su sentencia, el Alto Tribunal establecía que las sociedades municipales del grupo Innova eran a todos los efectos empresas públicas y estaban sujetas a las limitaciones impuestas en las leyes presupuestarias.
