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La investigación sobre el caso Shirota llega a juicio esta semana al Tribunal de Cuentas (TC) con la declaración como testigo del alcalde de Reus, Carles Pellicer. El juicio oral arranca el jueves y se enmarca en la investigación iniciada a raíz del aval que el holding de empresas municipales Innova concedió a la empresa de investigación alimentaria de capital público y privado Shirota Functional Foods, que fue liquidada en 2012. Según ha podido saber el Diari, además del alcalde, están citados como testigos la exprimera teniente de alcalde Teresa Gomis; la exsecretaria y asesora jurídica de Innova, Natàlia Torrell; la exdirectora económica y financiera del holding, Ester Ventura; el exgerente, Joan Carles Ferrater; el exgerente de Shirota, Xavier Gómez; y el administrador concursal Roberto Cortadas, entre otros. Pellicer, de hecho, viajará este mismo miércoles a Madrid para prestar declaración el jueves, en la primera jornada del juicio oral.
La práctica está investigada desde el departamento segundo de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas. No se trata de un proceso penal, sino administrativo. El caso Shirota también tiene una vertiente penal que dentro de la macrocausa Innova, que investiga el Juzgado de Instrucción Número 3 de Reus.
La citación se produce a raíz de la investigación de tipo fiscalizadora del Tribunal de Cuentas tras recibir en 2012 la denuncia de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) que exponía presuntas irregularidades en el proceso de petición del aval de tres millones de euros, sin tener la mayoría del accionariado, que fue aprobado en 2007 y ratificado en 2008 en la Junta General de Innova. La causa se instruye contra siete miembros del gobierno tripartito de entonces: Lluís Miquel Pérez, Josep Morató, Eduard Ortiz y Àlex Martínez (PSC); Empar Pont y Jordi Bergadà (ERC); y Daniel Pi (ICV). Cuando, posteriormente, el Ayuntamiento también se personó en la causa, la CUP se retiró de la denuncia.
El Tribunal de Cuentas emitió a principios de julio las primeras sentencias relacionadas con el caso Innova. Los fallos condenaron al exdirector general del holding, Josep Prat; al gerente de Reus Transport Públic, Josep Maria Adserà, y al exapoderado de Epel Innova, Josep Iglesias, por los incrementos salariales aplicados a las plantillas de estas empresas en 2009, 2010 y 2011. Les condenó a indemnizar al Ayuntamiento por los 101.000 euros pagados indebidamente a los trabajadores. El TC consideró que los aumentos retributivos vulneraron la ley de Presupuestos del Estado, que establecía congelaciones y recortes salariales para los empleados públicos. En su argumentario, el Tribunal establecía que las sociedades municipales del grupo Innova eran a todos los efectos empresas públicas y estaban sujetas a las limitaciones impuestas en las leyes presupuestarias.
