El ayuntamiento de Reus está tieso, para desgracia de todos

El Ayuntamiento de Reus está tieso –sin dinero, en la acepción coloquial del término–. O eso al menos cabe interpretar de la avalancha de cifras que la concejal de Hacienda, Mariluz Caballero, regaló a los presentes durante el pleno del pasado viernes para justificar la fuerte subida de impuestos aprobada por el gobierno municipal.

No es que el consistorio esté sin blanca, es que no le llega para hacer frente a todos los incrementos del gasto que ya tiene comprometidos para 2020. Según el memorial de apuros desgranado por Caballero, estos incluyen nóminas, recogida de basuras y limpieza viaria, mantenimiento de escuelas, zonas verdes y alumbrado público, subvenciones y ayudas, compromisos financieros plurianuales y un plan de inversiones del que no puede decir ni pío por mor de la ley electoral.

Ante esta tesitura, solo existen dos planteamientos: recortar en otros capítulos o aumentar la recaudación, o ambas cosas a la vez. Desconozco si el gobierno municipal ha trabajado sobre la primera idea, pero es evidente que ha profundizado en la segunda: la presión fiscal que sufren los contribuyentes reusenses subirá una media del 9,75% con el IBI, la basura, el agua, los vados y las sepulturas como puntas de lanza del varapalo tributario.

La concejal Caballero argumentó que se ha evitado subir los impuestos relacionados con la actividad económica, como si los propietarios de industrias, locales comerciales, naves u oficinas no pagaran IBI.

Reus también conservará el dudoso honor de aplicar el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (comúnmente denominado plusvalía) en sus tramos máximos. Con el agravante de que este es un impuesto municipal potestativo –es decir, no obligatorio– y, por tanto, cada ayuntamiento es quien decide si lo impone y cómo lo regula. Quienes han vendido algún inmueble o lo han recibido en herencia o donación ya saben como las gasta el Ayuntamiento.

Duras descalificaciones

La oposición cargó con dureza contra la subida de impuestos propuesta por el equipo de gobierno. Abrió el fuego la CUP, con una argumentación bien trabada para descalificar la progresividad fiscal de la política tributaria municipal. «Las bonificaciones del IBI sólo están pensadas para las familias numerosas y no tienen en cuenta las rentas de las personas que habitan en la vivienda», dijo Marta Llorens, que expuso ejemplos diáfanos –ancianos que viven solos, familias monoparentales– de la sinrazón de aplicar el IBI sin ponderar la situación económica real de los propietarios.

Los reproches más gruesos salieron de Débora García (Cs), que acusó a la concejal de Hacienda de provocar «un daño espeluznante a sus conciudadanos». Pobre del que tenga un inmueble urbano (por el IBI y la tasa de la basura), y mayor desgracia aún si se le ocurre venderlo (por la plusvalía), exclamó la portavoz naranja, para quien estos son «los presupuestos del sablazo a familias, empresas, autónomos y comerciantes».

Especialmente mordaces resultaron las críticas de Andreu Martín (PSC) a la inopia sobre el PAM y a los suspensos que acumula Reus en los objetivos de desarrollo sostenible, pero ninguna tan corrosiva como la que lanzó sobre la subida de impuestos: «Los ciudadanos se están yendo a otros municipios, porque con la presión fiscal pasa esto».