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El barrio Gaudí de Reus aboga por el alquiler social para los pisos vacíos de bancos

A través del Observatorio de las Comunidades de Propietarios los vecinos quieren negociar con las entidades
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Los bloques amarillo y rojo son los que más problemas tienen con la ocupación ilegal. Foto: Alfredo González

Los bloques amarillo y rojo son los que más problemas tienen con la ocupación ilegal. Foto: Alfredo González

Los vecinos del barrio Gaudí están dispuestos a poner fin a la ocupación ilegal de viviendas que desde hace años sufren en esta zona del norte de la ciudad. Un total de 125 pisos vacíos propiedad de bancos en los Bloques Bofill y 30 ocupaciones ilegales es el balance de viviendas que actualmente se encuentran acorraladas por esta situación. Unos datos que se dieron a conocer en la última reunión del Observatorio de las Comunidades de Propietarios del barrio, a la que asistieron cuatro de las cinco comunidades convocadas de los edificios Cobalto, Siena, Verde, Amarillo y Rojo (estas dos últimas se aglutinan en una).

Con las cifras sobre la mesa la Associació de Veïns del barri Gaudí defiende el alquiler social como la única oportunidad para dar salida a estas viviendas. «Es la única solución y hay que reunir los recursos necesarios para trabajar en este sentido», asegura Antonio Montoya, responsable de la Oficina d’Atenció al Veïnat del barrio. La esperanza del vecindario para erradicar esta situación es el Observatorio de las Comunidades de Propietarios. Creado a finales del año pasado, el observatorio debe servir para reunir a las entidades bancarias y al Ayuntamiento, además de los vecinos, con el objetivo de encontrar una solución a esta problemática.

El barrio Gaudí precisa de esta colaboración a tres bandas ya que según señala Antonio Montoya «el consistorio es un interlocutor fundamental para que los bancos se abran al alquiler social, ya que hasta ahora nos han cerrado muchas puertas».

Análisis de cada caso

Si bien el vecindario aboga por el alquiler social, asegura que no se pueden tratar todos los casos por igual. «Deberán de ser los Serveis Socials del Ayuntamiento los que analicen cada caso para estimar que alquiler puede pagar una familia», explica Montoya, quien añade que «no se le puede exigir el mismo alquiler a una familia que no tiene ingresos que a otra que sí que los tiene pero que no puede llegar a fin de mes». En este sentido, el barrio ya ha tenido éxito, puesto que al poco de poner en marchar el Observatorio de las Comunidades de Propietarios ya se consiguió negociar un alquiler de 150 euros a una familia que ocupaba hasta el momento un piso ilegalmente en el barrio.

Por oto lado, la Associació de Veïns del barri Gaudí está dispuesto a colaborar con otras asociaciones de otros barrios de la ciudad para, entre todos, erradicar la ocupación ilegal de viviendas. «Mediante la Federación de Asociaciones de Vecinos de Reus y su capacidad de coordinación, solicitaremos contactar con asociaciones de otros barrios con la misma problemática para trabajar en la misma línea», explica Francisco Montoya, quien concluye que «de lo que se trata, al fin y al cabo, es de devolver la dignidad a las personas».

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