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«Estamos muy molestos con el Ayuntamiento de Reus, porque aún estamos esperando -dos meses después de la reunión que mantuvimos con la Comissió Especial d’Habitatge Socia- que nos digan algo sobre el tema de los alquileres sociales para algunas familias que ocupan pisos. Nos tenían que enviar un documento legal de solicitud de este alquiler, que nosotros teníamos que hacer llegar a los afectados, y aún no lo han hecho». Estas declaraciones de malestar de Antonio Montoya, miembro de la Associació de Veïns del Barri Gaudí y responsable de la Oficina d’Atenció al Veïnat de este barrio se producen a raíz del último incidente relacionado con una ocupación ilegal de un piso, que se produjo el pasado fin de semana en el bloque ‘Vermell-Groc’ y que el Diari publicó en su edición del pasado lunes 11 de abril.
Montoya recuerda que, «a pesar de casos como éste -que cada vez son más aislados- la situación en el barrio es tranquila en el tema de la ocupación de pisos. Tenemos controladas a unas 25 familias que forman parte de la ‘Plataforma de Afectados por la Crisis’, que no son conflictivas y que están esperando poder ‘legalizar’ su situación con un alquiler social del piso que ocupan. Pero para ello necesitamos que al ayuntamiento se mueva».
Montoya añade que «en la reunió de febrero quedamos que esta solicitud de alquiler social era individual y que el consistorio nos tenía que hacer llegar un documento legal de petición de cada caso para que el afectado lo rellenase. Después este papel se entregaba al ayuntamiento y éste hacía lo propio con la Generalitat, para que esta administración mediase con el propietario de la vivienda, es decir con las entidades bancarias. Pero, por ahora, no nos han dado nada y estamos muy molestos y preocupados. Sabemos que las 25 peticiones de alquiler social no se pueden hacer de golpe, pero por alguna habrá que empezar».
‘Es un tema complejo’
Desde el Ayuntamiento de Reus se defienden de las quejas vecinales asegurando que «estamos ante un tema complejo de solucionar desde un punto de vista legal», comenta la concejal de Benestar Social, Montserrat Vilella, quien añade que «los técnicos están trabajando para vez cómo se soluciona caso por caso y me aseguran que está bastante avanzado y no tardaremos mucho en empezar a gestionar los primeros alquileres sociales. Además, también contamos con el compromiso de la Generalitat de que actuará de mediadora con los bancos».
Desde la Associació de Veïns también están «cabreados» con el último caso de ocupación, producido el pasado fin de semana cuando una familia destapió un piso del bloque ‘Vermell-Groc’ que había sido tapiado por los vecinos y se instaló. «Estos ‘ocupas’ son conocidos. Vivían fuera de Reus y ahora han vuelto al barrio. He hablado personalmente con la mujer y le he recriminado que lo que ha hecho está mal, además de haberle recomendado que contacte con Serveis Socials, el lugar donde tiene que dirigirse para exponer su caso».
Precisamente, desde la AVV -una vez controlados los 25 casos de ‘ocupas’ que esperan un alquiler social- trabajan desde hace tiempo para evitar que lleven ‘ocupas’ nuevos al barrio.
