El caso Tecnoparc pasa factura en Reus

El caso Tecnoparc se adentra en su capítulo final. Fueron las primeras irregularidades en el entramado de empresas municipales del Ayuntamiento de Reus que salieron a la luz tras el adiós del gobierno tripartito de izquierda y la llegada a la alcaldía del convergente Carles Pellicer, pero el caso quedó eclipsado por el estallido del escándalo Innova. Curiosamente, en ambos asuntos el detonante fue el cobro de facturas supuestamente sin justificar.

Las últimas noticias son que los dos principales encausados, el expresidente de la empresa mixta Àngel Cunillera y el ex concejal de Urbanismo Jordi Bergadà han depositado en el juzgado las cantidades que cobraron de forma presuntamente irregular, lo que facilitará que las acusaciones aparquen la solicitud de responsabilidades penales . Aún así, el caso habrá pasado una dura factura a sus protagonistas.

Recordemos que la sociedad mixta Tecnoparc SL estaba participada por el Ayuntamiento, la Cambra de Comerç, la empresa pública Redessa, la Universitat Rovira i Virgili y varias empresas privadas. Su función era promocionar y desarrollar el parque tecnológico del mismo nombre.

El arquitecto y entonces concejal de Urbanismo Jordi Bergadà (ERC) giró varias facturas a la empresa entre mayo de 2008 y abril de 2011 en concepto de asesoramientos, por las que cobró 38.950 euros. Bergadà era miembro del consejo de administración en representación del Ayuntamiento. También presentó otra factura de 30.680 euros que el nuevo equipo de gobierno CiU-PP ya no abonó.

Por su parte , el ex presidente de Tecnoparc y expresidente del Consell Social de la URV Àngel Cunillera facturó y cobró 90.000 euros en concepto de honorarios profesionales y en compensación por los gastos de representación asumidos por los viajes, reuniones y gestiones que realizó en función de su cargo, que no estaba retribuido, según acuerdo de la propia sociedad. Por haber permitido estos pagos están imputados el ex gerente de Tecnoparc Xavier Gómez , y el empresario Ramon Urgellès, consejero en representación de los inversores privados.

Más que un saqueo, el caso se explica por unas formas de hacer propias de los tiempos de vacas gordas, donde abundaron los proyectos coparticipados por la iniciativa pública y privada, pero sustentados principalmente por el erario municipal. Una operativa escandalosa desde la perspectiva actual, alejada de los principios de rigurosidad y prudencia en la administración pública y todo apunta que jurídicamente ilícita. Y como hilo argumental, con una concepción equívoca de lo que era y no era dinero público y la justificación de su uso.

En el caso del concejal, la chapuza fue doble, por cuanto se quiso disfrazar una subida de sueldo por la ampliación de sus responsabilidades en las empresas municipales mediante el pago de facturas a cargo de una de esas sociedades.

Al final, el dinero ha vuelto de donde no debió salir, al menos mediante los procedimientos utilizados, y quienes lo cobraron han pagado una dolorosa factura que va mucho más allá de la devolución de los importes.