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La calle Joan Coromines de Reus ha vivido este viernes otra jornada movida por la okupación, desde hace un par de meses, de 17 viviendas. Operarios de Endesa y de Aigües de Reus, junto a agentes de los Mossos d’Esquadra y de la Guàrdia Urbana, han entrado en los edificios afectados para cortar de nuevo el suministro de agua y luz, que los ‘inquilinos’ habían pinchado de forma ilegal. Ya es la cuarta vez que lo hacen y, según señalan fuentes municipales, seguirán acudiendo y actuando siempre que la situación lo requiera. El concejal Joaquim Enrech también se ha desplazado hasta allí y ha accedido a los edificios junto a los agentes y los técnicos. La calle se ha mantenido cortada al tráfico durante buena parte de la mañana.
La polémica okupación también ha llegado a los juzgados. La Guàrdia Urbana tiene abiertas diligencias por la vía penal “por las conexiones delictivas en las redes de suministros”, han apuntado desde el consistorio mediante un comunicado. Los agentes, además, han requisado el material eléctrico con el que los okupas han realizado las conexiones, y lo pondrán a disposición judicial para complementar las diligencias abiertas.
El dispositivo de este viernes se ha llevado a cabo en medio de una situación de tensión entre las distintas partes implicadas, pero sin incidentes. Aun así, los operarios han podido actuar en el bloque número 6 porque la puerta estaba cerrada y no disponían de llaves para acceder. Sobre las 12.30 horas, agentes y técnicos han abandonado la zona. Los okupas se han quedado toda la mañana en el balcón para ver lo que estaba ocurriendo.
‘No son vulnerables’
El Govern de Reus también reitera su compromiso con una actuación firme ante esta situación, “y no hará ninguna concesión en un caso claro de ocupación ilegal, que tiene poco a ver con la situación social de los ocupantes”. Cabe recordar que el Ayuntamiento de Reus señaló este jueves que las familias que se han instalado en los pisos de Joan Coromines de forma ilegal no se encuentran en una situación de vulnerabilidad ni en riesgo de exclusión social, y que además ni siquiera están empadronadas en la ciudad.
La situación que se vive en esta zona del barrio Horts de Miró no es fácil. Son muchos los vecinos que se sienten indignados. “Estoy harta”, lamentaba una residente de la zona, remarcando que ella tiene que trabajar mucho para pagar los gastos y que no entiende cómo las administraciones y la justicia permiten que pueda darse una situación como esta. Como ella, muchos vecinos se sienten enfadados. Impotentes. Piden que alguien tome cartas en el asunto. Aunque saben que la ley pone más complicaciones que ayuda.
