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Reus quiere incentivar los alquileres asequibles en la ciudad. Para ello, en el último pleno el equipo de gobierno se comprometió a dar a conocer la campaña de la Borsa de Lloguer Social de Reus a todos los propietarios de viviendas, y en especial aquellos que tienen Habitatges d’Ús Turístic (HUT). El Ayuntamiento lo hizo a raíz de una moción de la CUP que instaba al consistorio a realizar una campaña específica dirigida los propietarios de HUTs para que ofrezcan sus viviendas para alquiler residencial a través de la Oficina d’Habitatge de Reus.
Según el portavoz de la CUP, Edgar Fernández, la demanda de Habitatges d’Ús Turístic ha caído un 95% con la pandemia pero por el contrario «se han disparado las situaciones de emergencia habitacional dejando al descubierto la incapacidad de la administración pública para dar soluciones a las personas más vulnerables (…) Se trata de cruzar necesidades mutuas». El edil, recuerda que en Reus tan solo hay 160 pisos de gestión pública y social.
En este sentido, cabe recordar que el alcalde Carles Pellicer, se comprometió en campaña a incorporar 1.000 pisos en el parque de vivienda pública de Reus que aún no se han hecho realidad. El equipo de gobierno tiene algunos proyectos sobre la mesa como el de la construcción de viviendas en la antigua Hispania, que contempla 35 pisos de protección oficial a largo plazo.
Según datos de la Agència Catalana d’Habitatges, a finales del 2019 un total de 3.159 personas esperan para poder acceder a una vivienda de protección oficial en Reus.
Desde la CUP consideran que el Ayuntamiento debe potenciar la promoción para dar a conocer el servicio que realiza la Oficina de Habitatge a través del programa de la Borsa de Lloguer Social, «que muchas personas desconocen», explica Fernández.
La Borsa de Lloguer Social de Reus es un programa de mediación entre la administración pública y las personas propietarias para fomentar las viviendas de alquiler social. La Borsa de Lloguer se encarga de tramitar el contrato de alquiler y ofrece asesoramiento jurídico y técnico a los propietarios. En este sentido, se les garantiza el pago de forma mensual por parte de los inquilinos y los propietarios disponen de un seguro mientras dure el contrato.
Fernández asegura que poniendo los pisos en alquiler a través de la Oficina de Habitatge se garantiza que se cumpla la Llei 11/2020 aprobada en el Parlament de Catalunya este septiembre. El documento regula los precios de alquiler con el objetivo de que sea asequible para todas las familias y para evitar que el precio dependa únicamente del mercado.
La concejala de Habitatge, Teresa Pallarés, puso de manifiesto que el Ayuntamiento ya tiene una campaña en marcha para dar a conocer el servicio de La Borsa de Lloguer Social y se puede consultar cómo funciona a través de la página web del Ayuntamiento en el apartado de Habitatge. Por ello, no se aprobó finalmente hacer una campaña específica dirigida a los propietarios de los HUTs.
Desde el sector turístico ven con buenos ojos la iniciativa. El presidente de la Associació d’Apartaments Turístics de la Costa Daurada i Terres de l’Ebre, Joan Calvet, expone que finalmente será cada propietario quién decida. «Por el conocimiento que tenemos desde la asociación la incidencia que tenemos en la zona sería muy baja. No hemos visto traspaso de alquiler estacional a alquiler residencial (…) Sí que sabemos que en Barcelona ha habido esta tendencia». Según un estudio realizado por la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) el 40,6 % de los pisos turísticos en Barcelona pasa al alquiler residencial.
Según los datos del Departament de Turisme de la Generalitat a los que ha tenido acceso el Diari, actualizados el 15 de octubre del 2020, Reus tiene registrados 147 Habitatges d’Ús Turístic. Se trata de aquellas viviendas que tienen licencia para alquilar su piso de forma legal a los turistas. En tan solo un año se han registrado 29 nuevos HUTs en la ciudad. Aunque en 2020 la demanda de pisos turísticos haya descendido, la cifra de HUTs en la ciudad habría aumentado respecto al 2019 en que había 118.
Las cifras en Tarragona
En tan solo cuatro años la cifra de Habitatges d’Ús Turístic registrados se ha multiplicado por cinco en Reus. En 2016 tan solo había una treintena de pisos registrados según los datos de la Generalitat de Catalunya. Aun así, se trata de una cifra considerablemente baja en comparación con los 20.579 que hay en el Camp de Tarragona, sin tener en cuenta los registrados en Terres de l’Ebre, que sumarían 4.507 más en la demarcación. Tan solo en Salou hay registradas 6.140 o frente a los 1.479 de Tarragona ciudad.
Según los datos aportados por la CUP, en 2019 a través de los portales web se habían detectado la oferta 179 pisos turísticos y 61 de ellos eran ilegales, no tenían la licencia de Habitatge d’Ús Turístic. Un dato que el Diari no ha podido contrastar. Hay que tener en cuenta que hasta ahora no se habían regulado los nuevos modelos de alojamiento como por ejemplo la vivienda compartida que se encontraban en una situación alegal, es decir que aún no estaban reguladas pero tampoco prohibidas. De hecho, en portales turísticos como Airbnb se anuncian varios alquileres de habitaciones en casas particulares o compartidas en Reus. En estos casos no habría que contabilizarlos como viviendas turísticas ilegales. Es necesario que las plataformas indiquen siempre el número de licencia de los HUTs para que el cliente pueda verificar que son legales. Pero en el caso de las viviendas compartidas, están exemptas y así se indica en Airbnb, por ejemplo.
El pasado mes de agosto la Generalitat aprobó el nuevo Decret de Turisme de Catalunya que fija que el titular podrá compartir la vivienda con un máximo de cuatro usuarios por un máximo de 31 días o menos. Además, el propietario o el inquilino habitual deberá residir y compartir la vivienda con los turistas.
Está previsto que esta normativa entre en vigor en el plazo de un año para que los ayuntamientos puedan prever su implementación. La medida se implementó para prevenir el fraude y evitar la comercialización de alojamientos turísticos ilegales.
De hecho hace años que la Associació d’Apartaments Turístics de la Costa Daurada i Terres de l’Ebre lucha para evitar los pisos turísticos ilegales que no tienen ningún tipo de licencia para desarrollar su actividad. «Son una competencia desleal y no ofrecen garantías a los clientes», asegura Calvet que reclama más recursos e inspecciones para acabar con los ilegales, «en Barcelona se ha hecho muy bien», asegura.
Sí que aprobaron en el pleno los puntos de la moción de la CUP en qué se hacía incapie en que el Ayuntamiento supervisara y actuara sobre los pisos turísticos ilegales.
Calvet reivindica la necesidad de que se profesionalice el sector ya que consideran que las empresas ofrecen una mayor servicio a los clientes, generan empleo y evitan que haya conflictos con las comunidades de vecinos que conviven con una vivienda turística.
