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Un Juzgado de Reus ha abierto diligencias previas a raíz de la denuncia presentada por la Fiscalía contra los responsables de L’Última Llar, Serveis d’Animals de Companyia, una empresa con sede en Riudoms que se dedica a la recogida de animales.
La investigación por parte del Ministerio Público arrancó de la denuncia presentada por una particular sobre diversas irregularidades cometidas en el ámbito de la gestión de la empresa que empezó llamándose Jardí Mortuori l’Última Llar y que ahora se llama L’Última Llar, Serveis d’Animals de Companyia. Dicha sociedad, además, se constituyó en una fundación para poder recibir subvenciones.
En la denuncia, la mujer aseguraba que el registro de entradas, salidas y defunciones que tiene la empresa no correspondía con la realidad. Añadía que la veterinaria sólo acudía dos veces a la semana y que sólo actuaba cuando el animal afectado había saltado a los medios de comunicación. Y que su trabajo era sacrificar a los animales ya que otras personas se encargaban de esterilizar a los animales.
El fiscal cree que puede haber una muerte innecesaria de gran cantidad de animalesLa denunciante aseguró haber grandes discrepancias entre el número de ejemplares vivos por los que cobra la entidad y los que realmente hay. Añadió que, según las entradas, habitualmente tendría que haber unos 1.800 y suele haber unos 250. Una situación de la que está al corriente la Administración ya que habló con diferentes instituciones.
El Ministerio Público abrió diligencias de investigación. Tras haber concluido el plazo ha decidido llevar el caso a los Juzgados de Reus. Aseguraba que la razón de continuar con la investigación es que los hechos denunciados pueden constituir no solo meras irregularidades en la gestión del establecimiento propias de infracciones administrativas, sino que además existe la posibilidad de muerte innecesaria de un número elevado de animales, en cuyo caso existiría un delito contra la fauna y también otros delitos relacionados, especialmente falsedades.
Peticiones al juez
En ese sentido, la Fiscalía solicitaba al juez instructor que tome declaración a la denunciante en calidad de testigo. Además, señala que, si existe alguna posibilidad, obtenga los datos correspondientes al volumen anual de cenizas procedentes de la incineradora en los últimos años, y si a la vista de tales volúmenes puede determinarse el promedio anual de animales incinerados y si se corresponderían con los datos que figuran en la documentación aportada. También pide si hay constancia de algún tipo de subvención o pago por servicios a la Última Llar por parte de organismos públicos.
