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El juez del caso Innova cierra la pieza sobre Batesteza y mantiene la imputación a Pérez y Prat

El magistrado imputa seis presuntos delitos a la cúpula del holding municipal y a Batesteza y su entorno

F.Gras/M.Just

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La pieza número 2 del caso Innova gira alrededor de la contratación del arquitecto Batesteza. Foto: A.M.

La pieza número 2 del caso Innova gira alrededor de la contratación del arquitecto Batesteza. Foto: A.M.

En un auto hecho público este viernes por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el juez del caso Innova ha cerrado la instrucción de la pieza número 2, relacionada con la contratación del arquitecto Jorge Batesteza como asesor de las obras del nuevo hospital Sant Joan de Reus, y el cobro de 387.000 euros (más IVA). El magistrado fija el plazo para que las partes soliciten la apertura del juicio oral, el sobreseimiento de la causa o la nueva práctica de diligencias indispensables, hasta el día 26 de noviembre.

Diego Álvarez de Juan mantiene las imputaciones a la cúpula de Innova, así como a Batesteza y su entorno más directo, por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, delito de defraudación de la administración, blanqueo de capitales y por falsedad documental. Estos serían el exdirector general de Innova, Josep Prat; el exalcalde de Reus Lluís Miquel Pérez; la exdirectora económica y financiera del holding, Ester Ventura; la exsecretaria y asesora jurídica de Innova, Natàlia Torrell; el exdirector de obras y proyectos de Innova, José Vicente Gómez Rebollo; el representante de la UTE Euroconsult Catalunya SA, Sergi Luqui; el arquitecto Jorge Batesteza y su mujer, Sílvia Barberà.

El magistrado cierra de nuevo esta pieza después de haber vuelto atrás a mediados del pasado marzo, a petición del Ministerio Fiscal, para comprobar una serie de operaciones realizadas en el año 2010 entre BBATS Consulting and Proyects –empresa de Batesteza- e Innova, por valor de 149.000 euros, que el holding municipal no habría declarado a la Agencia Tributaria. Finalizada esta investigación complementaria, el juez señala que "no se aprecia un cambio en las circunstancias procesales ni objetivas del proceso. Por ello, el auto que se dictó en julio de 2015 sirve, palabra por palabra, para cerrar la instrucción de otra vez".

La acusación popular, ejercida por Ara Reus y la CUP, deberá decidir si quiere abrir juicio oral y, en caso afirmativo, presentar sus respectivos escritos acusatorios. Igualmente, también el Ayuntamiento de Reus, en este caso como acusación particular. Sobre lo dictado en este auto, cabe la posibilidad de presentarse recurso hasta el 26 de noviembre.

(SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)

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