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Reus y Barcelona fueron ayer el epicentro de nuevos registros relacionados con el caso Innova, macrocausa que investiga el magistrado del Juzgado de Instrucción Número 3 de Reus, Diego Álvarez de Juan. La Guardia Civil se centró en buscar documentación, por lo que no hubo ni detenciones ni imputaciones.
En la capital del Baix Camp los agentes entraron a primera hora de la mañana en el Àrea de Medi Ambient del Ayuntamiento de Reus, ubicada en el Mercat Central. El registro de la Guardia Civil, que se alargó más de doce horas, se habría centrado en buscar documentación sobre la adjudicación del contrato de recogida de basura.
Actualmente la responsable en la ciudad del servicio es la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), cuya adjudicación de contrata se remonta a noviembre del año 2009 (época del tripartito) por valor de 10,39 millones de euros y vigente hasta finales de 2017. A lo largo de la mañana, varios policías entraron con cajas para recopilar la documentación y según pudo saber el Diari el edil responsable de la concejalía, Hipòlit Monseny, mostró, durante todo el registro, una actitud colaborativa con los agentes de la Guardia Civil.
Mientras se realizaba este registro, en Barcelona los agentes también entraron en la sede mercantil de FCC, ubicada en la calle Balmes. En este caso, la Guardia Civil tuvo que desplazarse a otras oficinas al no encontrar la documentación que precisaba en el edificio de Fomento de Construcciones y Contratas. Concretamente los agentes se desplazaron hasta una de las sedes en El Prat del Llobregat. Durante la tarde de ayer la Guardia Civil también acudió a la sede de FCC en el polígono Riuclar de Tarragona. Las entradas en el Àrea de Medi Ambient y en la sede mercantil de FCC, según informó el TSJC, están relacionadas con la pieza 14 del caso Innova, que actualmente se mantiene secreta.
Ámbito deportivo
En Reus también se efectuaron entradas y registros en el Consell Esportiu del Baix Camp, en la mercantil Giravolt y en la empresa municipal Reus Esport i Lleure (Rellsa), cuya sede está ubicada en el Pavelló Olímpic. Inspecciones todas ellas relacionadas con la pieza separada número 11 del caso Innova, que también es secreta.
Fuentes próximas al caso aseguraron que en los registros se buscaría documentación relacionada con contratos por indicios de un delito contra la administración pública, al no ajustarse, presuntamente, los servicios prestados con los cobrados.
En el caso de Rellsa la CUP denunció públicamente varias irregularidades e incluso las llevó a Fiscalía. Así la auditoría de Rellsa elaborada entre 2008 y 2010 evidenció que la sociedad municipal pagó nóminas de jugadores del primer equipo del Reus Deportiu. Los pagos, tal y como denunció en su día la CUP, se habrían hecho a través de la práctica del cash pooling o tesorería compartida. En su día, el concejal David Vidal también alertó que «se repartían subvenciones sin justificar y que tampoco se cumplía con la ley de contratación pública». También un informe del interventor municipal detectó ayudas sin justificar y varios incumplimientos de la misma ley de contratación pública.
En lo que se refiere al Consell Esportiu del Baix Camp y la empresa Giravolt, la CUP también denunció en su día que ambos organismos se presentaban a concursos públicos y facturaban simultáneamente al Ayuntamiento de Reus desde el 2007 hasta el 2013. Se da el caso de que pesar de ser figuras jurídicas distintas, tienen el mismo NIF, el mismo domicilio fiscal y el mismo gerente.
En relación a estos últimos registros, el Consell Comarcal del Baix Camp, a través de un comunicado, puntualizó que «el Consell Comarcal no compró ninguna participación de la sociedad Giravolt pese a que en el pleno del 24 de septiembre de 2013 se aprobó un expediente de adquisición por valor de 752,50 euros».
En el mismo documento también se aclaró que la institución comarcal «no ha consolidado nunca en su presupuesto las cuentas del Consell Esportiu del Baix Camp ni de ninguno de los entes dependientes de la entidad deportiva, puesto que el Consell Deportiu no depende del Consell Comarcal».
El Ayuntamiento
A última hora de la tarde, y a través de un comunicado, el consistorio volvió a pedir «celeridad en la investigación de los casos judiciales que afectan a la ciudad» y lamentó que «el nombre de Reus se vea de nuevo relacionado con cuestiones policiales y judiciales». El consistorio también destacó la colaboración del gobierno municipal con la justicia fruto de la «máxima transparencia demostrada, ya que cuando se ha detectado alguna anomalía se ha puesto en conocimiento del Tribunal de Cuentas y la Fiscalía».
Por último el Ayuntamiento volvió a solicitar a las autoridades policiales y judiciales que «sin poner en riesgo la rigurosidad y la diligencia de la instrucción, se lleve a cabo la investigación del caso con la máxima discreción para evitar que la imagen de Reus resulte perjudicada».
