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El juez Diego Álvarez de Juan, instructor de la macro-causa Innova, ha dado por finalizada la larga fase de instrucción de la pieza número 2, la relacionada con la contratación del arquitecto Jorge Batesteza como asesor de las obras de construcción del nuevo Hospital Sant Joan.
En un auto muy contundente, de 36 folios de extensión, el magistrado imputa seis delitos a ocho personas y para cinco de ellas solicita fianzas elevadas de responsabilidad civil. Los imputados son el propio Batesteza; el exalcalde de Reus y consejero delegado de Innova, Lluís Miquel Pérez; el exdirector general de Innova, Josep Prat; la exdirectora económica y financiera, Ester Ventura; la exsecretaria, Natàlia Torrell; el exdirector de Obras y Proyectos de Innova, José Vicente Gómez Rebollo; el representante de la UTE Euroconsult Catalunya SA, Sergi Luqui y Sílvia Barberà, mujer de Jorge Batesteza. El juez atribuye a todos ellos los siguientes delitos: prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, defraudación a la administración, blanqueo de capitales y falsedad documental.
En la interlocutoria, Álvarez de Juan solicita que se formen tres piezas separadas de responsabilidad civil. En la primera, para que Lluís Miquel Pérez, Natàlia Torrell y José Vicente Gómez depositen una fianza de 1.548.000 euros cada uno. La segunda, para que la mujer de Batesteza, Sílvia Barberà, entregue una fianza de 870.000 euros; y la última, para Luqui, de 560.000 euros. Estas fianzas tienen como objetivo cubrir las posibles responsabilidades derivadas del proceso judicial. Se da la circunstancia que el Tribunal de Cuentas ya exigió fianzas de responsabilidad civil al exalcalde Pérez por el caso Innova.
La pieza número 2 del caso Innova investiga la contratación, por parte de Innova, del arquitecto Jorge Batesteza, quien cobró 357.000 euros del holding de empresas municipales de Reus por unos trabajos de asesoramiento de las obras del nuevo Hospital Sant Joan que el juez duda que realizase. En la interlocutoria, el juez ve claros indicios de que los contratos entre el arquitecto e Innova fueron adjudicados «con omisión total y absoluta del procedimiento legalmente establecido», ya que no se acogieron a las normativas de contratación pública.
Además, el magistrado deja claro que, para él, los tres contratos que Batesteza firmó con Innova «son un único contrato» y también destaca que carece de lógica que Innova pagase las facturas sin comprobar que, efectivamente, Batesteza hacía el seguimiento de las obras, lo que supone «una grosera falta de control del dinero público por parte de Innova» que, además, es delictiva.
El núcleo duro
La interlocutoria también recoge los indicios delictivos de los imputados e incide en lo que, según el juez, eran «los tres pilares sobre los que se apoyaba Innova en su día a día»: su exdirector general, Josep Prat; la exdirector económica y financiera, Ester Ventura; y la ex secretaria, Natàlia Torrell. «Así se extrae la tajante conclusión de que el núcleo duro (por su capacidad de decisión) de Innova (Pérez, Prat, Ventura y Torrell) y Jorge Batesteza participaron en unos hechos con apariencia de delito de prevaricación». Para Álvarez existen claros indicios de que Batesteza no realizó los trabajos para los que fue contratado por Innova y por los que sí cobró. Además, también deja bien claro que «Lluís Miquel Pérez, que era el alcalde de Reus y uno de los dos consejeros delegados de Innova, tiene una participación capital en los hechos», y añade que «el alcalde tenía conocimiento suficiente para saber lo que ocurrió con la contratación de Batesteza y que incluso fue iniciativa suya».
Entre las muchas ‘perlas’ que deja el juez Diego Álvarez de Juan en su interlocutoria, también destaca que Batesteza cobró 357.000 euros por supervisar las obras del nuevo hospital, pero en «una esquizofrenia contractual» también cobró por el mismo concepto a cargo de otra empresa, Euroconsulting. En esta otra sociedad estaba contratado como responsable de proyectos y cobró 186.000 euros más «por supervisarse a sí mismo», concluye el juez. Es por ello que el juez afirma que si existen dos trabajos que se solapan deben fusionarse en uno sólo y así se consigue que se reduzcan costes, «pero como ya nos ha enseñado esta causa, en Innova las cosas presuntamente no se hacían ni con lógica económica ni con lógica jurídica». Las partes tienen hasta el 3 de septiembre para recurrir este auto, mientras que el Fiscal y las acusaciones particulares hasta el 10 de septiembre para pedir las penas y la apertura de juicio.
El juez Diego Álvarez de Juan, instructor de la macro-causa Innova, ha dado por finalizada la larga fase de instrucción de la pieza número 2, la relacionada con la contratación del arquitecto Jorge Batesteza como asesor de las obras de construcción del nuevo Hospital Sant Joan.
En un auto muy contundente, de 36 folios de extensión, el magistrado imputa seis delitos a ocho personas y para cinco de ellas solicita fianzas elevadas de responsabilidad civil. Los imputados son el propio Batesteza; el exalcalde de Reus y consejero delegado de Innova, Lluís Miquel Pérez; el exdirector general de Innova, Josep Prat; la exdirectora económica y financiera, Ester Ventura; la exsecretaria, Natàlia Torrell; el exdirector de Obras y Proyectos de Innova, José Vicente Gómez Rebollo; el representante de la UTE Euroconsult Catalunya SA, Sergi Luqui y Sílvia Barberà, mujer de Jorge Batesteza. El juez atribuye a todos ellos los siguientes delitos: prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, defraudación a la administración, blanqueo de capitales y falsedad documental.
En la interlocutoria, Álvarez de Juan solicita que se formen tres piezas separadas de responsabilidad civil. En la primera, para que Lluís Miquel Pérez, Natàlia Torrell y José Vicente Gómez depositen una fianza de 1.548.000 euros cada uno. La segunda, para que la mujer de Batesteza, Sílvia Barberà, entregue una fianza de 870.000 euros; y la última, para Luqui, de 560.000 euros. Estas fianzas tienen como objetivo cubrir las posibles responsabilidades derivadas del proceso judicial. Se da la circunstancia que el Tribunal de Cuentas ya exigió fianzas de responsabilidad civil al exalcalde Pérez por el caso Innova.
La pieza número 2 del caso Innova investiga la contratación, por parte de Innova, del arquitecto Jorge Batesteza, quien cobró 357.000 euros del holding de empresas municipales de Reus por unos trabajos de asesoramiento de las obras del nuevo Hospital Sant Joan que el juez duda que realizase. En la interlocutoria, el juez ve claros indicios de que los contratos entre el arquitecto e Innova fueron adjudicados «con omisión total y absoluta del procedimiento legalmente establecido», ya que no se acogieron a las normativas de contratación pública.
Además, el magistrado deja claro que, para él, los tres contratos que Batesteza firmó con Innova «son un único contrato» y también destaca que carece de lógica que Innova pagase las facturas sin comprobar que, efectivamente, Batesteza hacía el seguimiento de las obras, lo que supone «una grosera falta de control del dinero público por parte de Innova» que, además, es delictiva.
El núcleo duro
La interlocutoria también recoge los indicios delictivos de los imputados e incide en lo que, según el juez, eran «los tres pilares sobre los que se apoyaba Innova en su día a día»: su exdirector general, Josep Prat; la exdirector económica y financiera, Ester Ventura; y la ex secretaria, Natàlia Torrell. «Así se extrae la tajante conclusión de que el núcleo duro (por su capacidad de decisión) de Innova (Pérez, Prat, Ventura y Torrell) y Jorge Batesteza participaron en unos hechos con apariencia de delito de prevaricación». Para Álvarez existen claros indicios de que Batesteza no realizó los trabajos para los que fue contratado por Innova y por los que sí cobró. Además, también deja bien claro que «Lluís Miquel Pérez, que era el alcalde de Reus y uno de los dos consejeros delegados de Innova, tiene una participación capital en los hechos», y añade que «el alcalde tenía conocimiento suficiente para saber lo que ocurrió con la contratación de Batesteza y que incluso fue iniciativa suya».
Entre las muchas ‘perlas’ que deja el juez Diego Álvarez de Juan en su interlocutoria, también destaca que Batesteza cobró 357.000 euros por supervisar las obras del nuevo hospital, pero en «una esquizofrenia contractual» también cobró por el mismo concepto a cargo de otra empresa, Euroconsulting. En esta otra sociedad estaba contratado como responsable de proyectos y cobró 186.000 euros más «por supervisarse a sí mismo», concluye el juez. Es por ello que el juez afirma que si existen dos trabajos que se solapan deben fusionarse en uno sólo y así se consigue que se reduzcan costes, «pero como ya nos ha enseñado esta causa, en Innova las cosas presuntamente no se hacían ni con lógica económica ni con lógica jurídica». Las partes tienen hasta el 3 de septiembre para recurrir este auto, mientras que el Fiscal y las acusaciones particulares hasta el 10 de septiembre para pedir las penas y la apertura de juicio.
