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El juez ve 'presiones' de Gomis en la contratación de una empresa de prótesis

El magistrado ordena la libertad con cargos para la primera teniente de alcalde y la libertad condicionada al pago de una fianza de 20.000 euros para el gerente de la empresa Traiber
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Teresa Gomis arropada a su salida por Francesc Sánchez. Foto: Alfredo González

Teresa Gomis arropada a su salida por Francesc Sánchez. Foto: Alfredo González

Las declaraciones de los detenidos durante la macrooperación policial del martes en relación al caso Innova concluyeron ayer con la presencia de Luis Márquez (empresario de Traiber SL) y Teresa Gomis (primera teniente de alcalde y consejera delegada del Grup Salut), que llegaron por separado a los Juzgados de Reus para declarar ante el juez que instruye la causa, el magistrado Diego Álvarez de Juan.

El primero en prestar declaración fue Márquez, para quien el juez decretó la libertad condicionada al pago de una fianza de 20.000 euros, que deberá hacer efectiva antes del jueves 7 de mayo, ya que por lo contrario se dictaría una orden de ingreso en prisión. Para Teresa Gomis, la última en declarar, el magistrado Álvarez de Juan decretó la libertad provisional. En ambos casos el juez instructor les imputa los delitos societarios, falsedad documental, contra la Administración Pública, blanqueo de capitales y por último un delito contra la salud pública.

Del mismo modo que al resto de los nueve imputados que declararon el jueves, a Márquez y Gomis también se les han impuesto medidas cautelares, como la prohibición de salir del territorio nacional y la entrega del pasaporte, además de la obligación de comparecer ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Reus. El empresario de Traiber deberá acudir diariamente, mientras que la primera teniente de alcalde deberá hacerlo todos los lunes.

 

Presión en la contratación

En ambos autos, el juez ve indicios de «presiones» por parte de Gomis hacia Traiber para que la empresa fuera contratada por el Hospital de Reus. Concretamente, en las interlocutorias el magistrado (a raíz de la declaración de otro de los imputados, Joan Maria Benet, exgerente de Sagessa) pone de manifiesto «la existencia de una reunión en 2013 de Luis Márquez con otras personas del Ayuntamiento, entre ellas Teresa Gomis, en la que ambos insistieron en que el Hospital debía contratar los servicios de la empresa Traiber».

Según recoge el auto: «Algunas de las prótesis, incluso colocadas en pacientes, serían prótesis de baja calidad, con fallas en las condiciones higiénicas de su producción, así como la alteración de los precintos de caducidad de las mismas». El exgerente de Sagessa declaró el jueves que «consultó con doctores sobre la calidad de estas prótesis y le pusieron en duda la calidad de las mismas, es decir, la Administración Pública conocía la falta de calidad».

El juez también apunta que la insistencia en la contratación de la empresa Traiber iría más allá, después de que, según declaró Márquez, «la empresa dejara de vender al Hospital Sant Joan de Reus con la llegada de un nuevo doctor al servicio de traumatólogo durante los ejercicios 2012 y 2013». El imputado también declaró «estar un poco cabreado porque lo habían dejado fuera del hospital y estaba intentando volver a entrar. En el ayuntamiento le dijeron que hiciera un acercamiento al doctor para convencerle de que facturara a Traiber». Una orden de la que Gomis pareciera tener constancia.

El magistrado Diego Álvarez de Juan apunta que las presiones dieron resultado, ya que el imputado, Luis Márquez, reconoció en su declaración que «después de una reunión con el traumatólogo del Hospital empezaron a vender prótesis de nuevo». En su declaración el empresario de Traiber también dejó constancia de «reuniones al más alto nivel autonómico con el conseller Mena y el presidente de la Generalitat Artur Mas».

Así pues, la interlocutoria recoge que «después de que dos de los imputados hayan puesto de manifiesto la presencia de Gomis en las reuniones tendentes a presionar para lograr más facturación de Traiber, la conducta de la primera teniente de alcalde «podría entrar en el ámbito de la ignorancia deliberada, que tampoco supone una exención de responsabilidad criminal».

 

Once imputados

El macrooperativo policial del pasado martes relacionado con la pieza número 4 del caso Innova suma un total de 11 imputados. Nueve de ellos pasaron el jueves por el Juzgado de Instrucción número 3 de Reus para declarar ante el juez Diego Álvarez de Juan. Concretamente, y después de dos noches detenidos en la comandancia de la Guardia Civil, declararon Lluís Nualart (ex director general y ex adjunto a la presidencia de Sagessa), José Augusto García Navarro (ex director general de Sagessa y ex director del Hospital Sant Joan de Reus), Enric Agustí (ex director general de gestión de Sagessa), Miquel Àngel Puig (director gerente de Activa Mútua), Carles Abelló (director económico de Sagessa), Antonio Foz (director de aprovisionamiento y logística de Sagessa) y Joan Maria Benet (exgerente de Sagessa). También lo hicieron Àngel M. Barberan, exdirector de Ambulàncies Reus y de STS Grup); y Francesc X. Gomà, administrador de Medilab.

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