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El caso de las facturas de Tecnoparc llega mañana a juicio en la Audiencia Provincial de Tarragona, sección segunda, siete años después de que se destapara el presunto cobro indebido de más de 115.000€ por parte de dos de sus altos cargos. Estos son el expresidente de la sociedad, Àngel Cunillera, y el exconsejero y exconcejal del Ayuntamiento de Reus (ERC), Jordi Bergadà, ambos acusados por el Ministerio Fiscal por supuestos delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental. También pide penas de prisión e inhabilitación para ejercer cargos o empleos públicos.
Si no se producen sorpresas de última hora (un posible pacto entre todas las partes) el juicio constará de tres sesiones. Para la jornada de mañana está previsto el interrogatorio de los acusados por parte del abogado de la acusación, el Ministerio Fiscal, y los letrados de las defensas. Además, los primeros testigos propuestos por las diferentes partes tendrían que empezar a pasar a declarar ante el juez.
Se espera que las declaraciones continúen el martes por el gran número de testigos citados. Esto es así porque se espera, entre otros, la presencia de todo el consejo de administración que tenía entonces la empresa de capital mixto. También deberán prestar declaración los autores de los informes técnicos encargados por todas las partes. El miércoles 15 de mayo, último día de juicio, se seguirá con las pruebas periciales y documentales. Acabada toda la fase de pruebas será el turno para la calificación de los delitos, las conclusiones provisionales y los informes finales.
El juicio del caso Tecnoparc, que se inició con una denuncia de Ara Reus y en el que el Ayuntamiento ejerció de acusación, es de una gran relevancia, ya que sin tener en cuenta la vía administrativa que dirime el Tribunal de Cuentas, será la primera vez que se juzgue el entramado de empresas municipales que se creó en la época del gobierno tripartito reusense y que se convirtió en una de sus principales banderas.
Devuelven los 115.000€
Àngel Cunillera y Jordi Bergadà son los principales encausados en el caso. El primero cobró, de manera presuntamente irregular y sin justificar, tres facturas entre los años 2008 y 2009 por valor de 80.500€ (más IVA), mientras que Bergadà se llevó un total de 33.600€ (más IVA). El año pasado, ambos consignaron en los juzgados de Reus los más 115.000€ percibidos en aquella época para que regresaran a la sociedad municipal Redessa. Una cantidad que el actual gobierno municipal ya ha reinvertido en la mejora del vivero de empresas.
El hecho de que Cunillera y Bergadà devolvieran los más de 115.000€ provocó que Ara Reus se retirara del caso. «Nunca hemos querido hacer escarnio de nadie, sólo que se retornara el dinero a los ciudadanos», manifestó en junio del año pasado el líder de Ara Reus, Dani Rubio, una vez el consistorio ingresó la cantidad. El Ayuntamiento de Reus también hizo lo mismo al «ver restaurado su patrimonio». Por lo tanto, sin acusación particular personada en la causa, ésta sigue adelante por parte del Ministerio Fiscal, que solicita penas de prisión de cuatro a seis años para todos los encausados.
Urgellès y Gómez
En el mismo caso también figuran el empresario Ramon Urgellès y el exgerente de Tecnoparc, Xavier Gómez, ambos investigados por presuntos delitos de falsedad documental y malversación de caudales públicos y con penas de prisión de entre cuatro y cinco años respectivamente. Su imputación en el caso, desde el principio, y según recoge la interlocutoria de la Fiscal, responde a que fueron los que activaron y autorizaron el sistema de pago de los honorarios de Cunillera y Bergadà a través de las seis facturas por «prestación de servicios de asesoría y asistencia técnica». Urgellès como representante del accionariado privado (el representante del capital público era el exconcejal Josep Morató) y Gómez como exgerente de la empresa. De hecho, el Ministerio Fiscal les considera colaboradores necesarios para validar los pagos de las facturas sin el conocimiento de los órganos de la sociedad ni de su junto.
En este sentido, destacar que dos de las claves del caso son, en primer lugar, que la sociedad mercantil Tecnoparc Reus S.A., a diferencia de las otras que formaban el holding Innova, no era de titularidad 100% pública. Y la otra es que los estatutos de la sociedad dejaban claro que los cargos directivos de la empresa no podían cobrar un sueldo.
