El juzgado mercantil reabre el caso Shirota a petición del fiscal

Ha aceptado a trámite la petición de nulidad de la Fiscalía, que considera culpable el concurso de acreedores

19 mayo 2017 23:55 | Actualizado a 20 mayo 2017 21:40
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El juzgado mercantil de Tarragona ha reabierto el caso Shirota Functional Foods de Reus, al aceptar a trámite la petición de nulidad de la Fiscalía, que considera culpable el concurso de acreedores. Por su parte, el administrador concursal lo considera fortuito, es decir, sin responsabilidad para los administradores, mientras que el juez también lo declaró fortuito el pasado 20 de noviembre, al entender que la Fiscalía había presentado sus escritos fuera de plazo.

En su escrito, la fiscal argumenta que ha reiterado diversas veces la peculiaridad que a empresa está siendo investigada por otro juez penal y bajo secreto de sumario. La fiscal encabeza sus alegaciones con «hechos relevantes concurrentes», como «la petición con suspensión de plazo de la documentación contable de Shirota el 4 de julio de 2013», que «no consta acordada».

Después de citar abundante jurisdisprudencia, la fiscal afirma que es «irrazonable la exigencia rigurosa del plazo procesal al Ministerio Fiscal», en el que ha ido «avanzando las particularidades que concurrían». La fiscal pide a todos los administradores de Shirota que asuman con su patrimonio personal los 2,4 millones de euros en deudas de la empresa, así como su inhabilitación.

Investigación penal

El concurso de acreedores de Shirota va en paralelo a la investigación penal que instruye el Juzgado número 3 de Reus, ya que el Ayuntamiento, bajo el mandato del tripartit, avaló con tres millones de euros a la empresa a pesar de no ser el socio mayoritario.

Shirota Functional Foods, dedicada a la investigación agroalimentaria, estaba participada en un 48% por la empresa Morella Nuts, en un 40% por el holding de empresas municipales Innova, en un 8% por el Hospital Sant Joan, y en un 2% por la URV. El crédito se ejecutó y el Ayuntamiento ya está pagando los tres millones de euros del aval mediante un crédito a 10 años.

De momento están imputados el ex alcalde Lluís Miquel Pérez, los 14 concejales del anterior equipo de gobierno (PSC, ERC e ICV-EUiA) y la primera tenienta de alcalde actual, Teresa Gomis.

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