«El nuevo contrato de la basura no tiene ninguna garantía de mejora laboral»

Las condiciones del nuevo contrato de limpieza y recogida de la basura de Reus son insuficientes. Así lo consideran los representantes de los trabajadores de este servicio municipal, que no creen que el nuevo pliegue defienda la mejora de sus circunstancias laborales. «El contrato no tiene ninguna garantía de estabilidad laboral. Aunque la partida haya aumentado medio millón de euros, no vemos por ningún lado la parte del incremento salarial que llevamos pidiendo», señala el secretario general de saneamiento urbano de UGT, Ángel Martín de Sande.

El pasado 10 de junio, el Ayuntamiento de Reus ponía a concurso público la contrata para la recogida de basuras y limpieza de la ciudad. Lo hacía por segunda vez en un año de mandato, después de aprobar las modificaciones en el pliegue de condiciones que el Tribunal de Contractes de la Generalitat de Catalunya obligó a incluir tras la impugnación del primer documento a raíz de las alegaciones que hicieron dos de las empresas concursantes.

El resultado fue, entre otros, la introducción de unos topes mínimos y máximos en algunos servicios o la definición de una baja temeraria, además del incremento de medio millón de euros en esta partida, que pasó a los 13,7 millones de euros anuales (IVA incluido): un suma total de 149,5 millones en los diez años que durará el contrato.

Estamos hablando de la licitación más importante del consistorio. No solo en términos económicos. Los trabajadores del servicio de limpieza llevan años reclamando un remedio por las unas condiciones «nefastas» en las que trabajan: una maquinaria antigua y en mal estado, y falta de personal en una plantilla que se ha quedado pequeña con el crecimiento de la ciudad... Todo ello, agraviado por las dos prórrogas del anterior contrato, que terminaba en 2017.

«Vemos muy positivo el incremento presupuestario, pero queremos asegurar que la nueva empresa contratada cumpla con la subida del convenio laboral», destaca de Sande. Y es que la plantilla ha iniciado negociaciones con Fomento Construcciones y Contratas (actual prestador del servicio) para la mejora de su convenio. Sin embargo temen que, de lograr tal aumento salarial, este no se respete por la empresa ganadora de la nueva licitación porque el Ayuntamiento no especifica que así deba hacerse.

Según detalla el documento, el coste dedicado al personal será de 1,5 millones de euros al año. Una cantidad que, según de Sande, es la misma que en el anterior contrato y que no se especifica que sea de exclusivo uso para la masa salarial. Aun así, dejan margen de reacción al consistorio y le piden que incluya la subida salarial en el contrato, argumentando que «hay 220 trabajadores en el servicio, si una empresa va a la baja en la licitación, esto se verá reflejado».

Octubre 2020, fecha clave

El próximo 11 de agosto se acaba el plazo para presentarse al concurso público. Si todo va bien, esto sitúa la adjudicación del contrato en octubre de 2020. Una tramite que según UGT «se debe agilizar al máximo si queremos seguir dando un servicio digno».

El informe técnico municipal señala que la duración de la nueva contrata se ha fijado en función de la amortización de la maquinaria: «se estima que la vida útil de los vehículos de recogida está en 10 años máximos». Por lo que detalla que el contrato tendrá una duración de diez años «sin posibilidad de prórroga». Algo que se celebra des del sindicato, dónde señalan que precisamente la antigüedad de los vehículos y las prórrogas han sido determinante en la situación «crítica» de los trabajadores.

El informe prevé que a partir del segundo año se pueda realizar una modificación de hasta un 20% del precio inicial del contrato, algo que, sin embargo, deberá ser solicitado por los servicios técnicos municipales.