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La política municipal retoma sus planes poco a poco después del parón forzado. El hecho que ayer se desatascara el proyecto urbanístico del Forn del Soto y se aprobara el nuevo modelo de tarifación de les Escoles BressolsMunicipals fueron las señales más relevantes. Sin embargo, el panorama es complejo y la política municipal también tiene que lidiar con un contexto marcado por la crisis económica, social y sanitaria que ha dejado el Covid-19.
Las mociones del PSC y la CUP para redefinir los presupuestos aprobados para este 2020 y crear estrategias de actuación conjunta y social protagonizaron el grueso del debate de las cinco horas y media de Pleno, en el que el Gobierno fue muy protagonista por parte de todos los partidos y en el que el consistorio volvió a pedir vía libre para hacer uso de los 3,1 millones de euros procedentes del superávit municipal de 2019. Pero el gobierno local ha defendido que, con los presupuestos aprobados, la ley actual no permite hacer un nuevo presupuesto.
La oposición critica la falta de zonas verdes y de viviendas de protección oficial«Vivimos una situación extraordinaria y necesitamos todas las manos posibles para solucionar los problemas de la ciudadanía», criticó Sandra Guaita, del PSC. «El objetivo no es hacer pequeñas modificaciones o mover partidas económicas, sino generar una nueva política que tenga en cuenta todas las nuevas circunstancias», defendió, por parte de la CUP, Edgar Fernández.
El Forn del Soto
El pleno sí que dio el visto bueno a la aprobación definitiva del Estudio de detalle de la calle del Roser, relacionado con el proyecto urbanístico de la zona del Forn del Soto, con los votos favorables del gobierno municipal (JuntsxReus, ERC y Ara Reus) y del PSC y Ciutadans. Este consenso permite avanzar en la transformación de la antigua fábrica de jabones del Mas Magrané, conocido como Forn del Soto, entre las calles del Roser y el Camí de Valls. Así quedó definida la actuación urbanística de la zona en la que se construirán dos edificios con un total de 36 viviendas y una zona verde pública en el interior. Un proyecto que se inició el 2018 con el derribo de la fábrica a fin de consolidar el crecimiento de la ciudad de forma compacta, y que se paralizó al hallarse la muralla en la calle Albiol.
Los socialistas se quedan solos en el Pacto de Ciudad
Revés general al Pacto de Ciudad propuesta por el PSC, que instaba al gobierno municipal a crear un gran acuerdo para la reactivación económica y social de Reus ante la crisis del Covid-19. Este tenía que integrar a los distintos partidos con representación en el pleno, entidades económicas, sociales, sindicales y vecinales de la ciudad.
Por su parte, el portavoz del PSC, Andreu Martín, recordó que, según un estudio de la Generalitat de Catalunya, «Reus es el tercer municipio de Catalunya con más de 50.000 habitantes cuya tasa de zonas verdes es más baja» e instó a trabajar en alternativas de movilidad sostenible.
Estos dos apuntes sirvieron para que Berasategui anunciase que el Ayuntamiento espera presentar nuevos proyectos en el aspecto del impulso de las zonas verdes y la movilidad sostenible y añadiese que «aunque de forma circunstancial no haya vivienda protegida en este sector, no significa que no se haya previsto en otros lugares».
Por otro lado, y como era de esperar dada la mayoría del gobierno local, también se aprobaron las nuevas tarifas según renta familiar de les Escoles Bressol Municipals. Una medida que según el consistorio está enfocada a acabar con la segregación escolar y aplaudida por el PSC y la CUP por su carácter social. Por su parte, Ciutadans votó en contra porqué no la considera funcional.
Tarjeta monedero social
También se aprobó la moción de la CUP, que pedía crear una tarjeta monedero de impacto social. En ese sentido, el Ayuntamiento ya trabajaba en el impulso de una tarjeta monedero como herramienta de apoyo a familias con situación de vulnerabilidad social, algo que en un inicio se planteó como complemento a la Cistella Covid, un paquete con productos de primera necesidad para los que piden ayudas alimentarias.
El consistorio volvió a pedir vía libre para invertir el superávit en paliar la crisis del CovidLos cupaires quieren vincular esta tarjeta con los comercios locales y de proximidad, como una forma de «normalizar la ayuda superando la estigmatización de tener que acudir a centros benéficos caritativos», en palabras de Fernández y, a la vez «dar apoyo al pequeño comercio». Desde el gobierno municipal, la concejala de Benestar Social, Montserrat Vilella, puntualizó que tanto la opción de redistribución de alimentos como de dinero «es igualmente digna y ética».
Por ahora, esta tarjeta es incompatible con las ayudas que aportan la Creu Roja y la Generalitat, algo criticado por el PSC que, a través de Anabel Martínez, ha pedido que se replanteen estas limitaciones, «porque quizás con estas ayudas, una familia no logra cubrir todas sus necesidades». Ciutadans se abstuvo justificando que no tiene en cuenta a aquellas personas que trabajan en grandes superficies, cuya economía también depende de que la tienda en la que están empleados funcione bien.
