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El gobierno local sacará adelante la nueva empresa municipal Reus Energia. El pleno aprobó ayer la memoria de viabilidad de la creación de esta empresa comercializadora de energía eléctrica con la suma de los votos favorables del equipo de gobierno (JuntsxReus, ERC y Ara Reus) y el «sí crítico» del PSC. El documento certifica que Reus Energía, de propiedad municipal y futura nueva rama de Reus Serveis Municipals, será rentable económicamente y que su creación se adecua a la actividad de interés público.
Aquí es donde entró en disputa la oposición, que cuestionó el desarrollo que se plantea para el organismo dado que, durante los primeros años de funcionamiento –se calcula que entre seis y ocho años–, Reus Energia tendrá un único cliente: el Ayuntamiento de Reus. La energía producida por las placas solares deberán abastecer al consistorio, a las empresas municipales y a los organismos autónomos. No será hasta su estabilización y crecimiento, cuando se llegue a una excedencia de producción, que los ciudadanos de Reus puedan beneficiarse.
«Se ha priorizado el ahorro de las arcas municipales a la lucha contra la pobreza energética y ésta no es la función de una empresa municipal», sentenció la portavoz de la CUP, Mònica Pàmies. En esa misma línea se manifestó Daniel Marcos, dando voz al PSC e indicando que, a pesar de dar su voto favorable, «un proyecto que se limita a generar ahorros municipales es muy poco ambicioso», por lo que pidió que se construya un plan de energía para beneficiar a toda la ciudadanía y «que fije un calendario que indique a qué porcentajes de energía renovables se quiere llegar».
«Antes de crear una empresa hay que garantizar su viabilidad económica», defendió el concejal de Medi Ambient, Daniel Rubio, que le contestó a la concejal de la CUP: «Me sorprende que no esté a favor de la creación de una empresa pública que fomenta las energías renovables». A lo que ella le replicó: «Entendemos que siendo un partido de derechas no comprenda el concepto de empresa pública».
La realidad es que la memoria aprobada sólo significa el punto de partida del futuro organismo, dado que pasará un año hasta que esta sociedad gestione la energía. Además, la primera fase de la empresa está focalizada en dotar de placas solares los edificios públicos reusenses para poder garantizar, con el tiempo, que todos ellos se nutran de esta fuente, dejando de depender, así, de comercializadoras externas.
El consistorio calcula que, pasados tres años, la estructura tendrá una capacidad de generación que ahorrará los costes fijos de la energía, pasando a pagar alrededor 82-83 euros por MWh por los 94€ el MWh actual. Es decir, cada año, se ahorrarían 300.000 euros. Un dinero que, Rubio, garantizó, será circular: «Cuanta más energía produzcamos más podremos vender y más capacidad económica tendremos de invertir en placas solares». Así pues, el gobierno busca con este nuevo organismo municipal «un cambio de modelo energético, el desarrollo de nuevas políticas sostenibles y una reducción en el gasto económico». En otra instancia, Rubio señaló que también orienta en una vertiente social: «Sea una herramienta de transición energética que nos permita ayudar a la gente con menos recursos».
Por su parte, la líder de Ciudadanos, Débora García cuestionó las intenciones finales del gobierno con tal impulso, señalando que el consistorio «será el único beneficiado en el nuevo ‘negociete’ del Ayuntamiento» y apuntando que les parece «turbio» que en un inicio solo haya dos trabajadores administrativos y ningún técnico: «Nos chirría la indefinición futura y nos hace desconfiar»
Aunque Reus Energia prevé un primer año deficitario, dado que tendrá un coste inicial de 152.000 euros y aún no dispone de ningún ingreso, Rubio defendió que «la apuesta económica es fiable económicamente» y pidió paciencia ante un «proyecto de futuro de esta nueva división municipal que deberá hacerse, entre todos, más grande».
Moratoria a tasas comerciales
Por otro lado, el pleno de ayer también ratificó las modificaciones fiscales que el gobierno ha impulsado en pro de ayudar al sector del comercio, la restauración, el ocio nocturno, gimnasios y marchantes. Por ello eximirá durante los primeros tres meses de 2021 la tasa de ocupación de la vía pública a los establecimientos de restauración con terraza y a los marchantes y eximirá también el pago de la tasa de recogida comercial de la basura a las actividades económicas que hayan tenido que cerrar totalmente o parcialmente a causa de las medidas de la Covid-19.
La medida, anunció la concejal de Hisenda, Mariluz Caballero, beneficiará a 800 establecimientos de restauración registrados en la ciudad, así como a los 25 gimnasios y hasta 130 marchantes e implicará dejar de ingresar 340.000€. Además, el consistorio aplazará hasta el 5 de octubre el pago de estas tasas.
La medida ha sido tildada de insuficiente por parte de la oposición, que criticó la subida de impuestos en 2019 y que pidió ampliar las ayudas. El consistorio señaló que «dadas las circunstancias todas las medidas son insuficientes» pero celebró tener músculo económico para poder ofrecerlas.
