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Sin sorpresas de última hora. El pleno del Ayuntamiento de Reus ha aprobado este lunes ceder de forma gratuita a Merlin Properties –antes Metrovacesa– el local que tiene en el Centre Comercial La Fira para que se construya un multicines de seis salas. Tal y como estaba previsto, los planes del gobierno municipal han contado con el voto a favor del PSC, mientras que el resto de la oposición se ha posicionado en contra con duros reproches.
Durante el debate ha salido a relucir la carta emitida a los medios el domingo a última hora por las entidades comerciales de la ciudad rechazando el proyecto por considerar que perjudicaría sus intereses. Desde el gobierno han asegurado que «la propuesta de instalar un cine en La Fira se ajusta a lo que necesita la ciudad para ser más competitiva frente a Tarragona y Vila-seca», ha sentenciado el concejal de Promoció Econòmica, Marc Arza, durante su intervención.
Por otra parte, la concejal de Projecció de Ciutat, Montserrat Caelles, ha expresado su perplejidad por las formas y por el contenido de la misiva. Sobre todo porque ni en la última sesión de la Taula de Comerç celebrada el pasado 3 de enero salió a relucir su preocupación. No obstante, Caelles ha manifestado su intención de reunirse con los comerciantes para tratar la cuestión, a pesar de dejar bien claro que la decisión es firme e irrevocable a todos los efectos.
La cuestión sobre la cesión del local ha capitalizado buena parte de la sesión plenaria con un intenso y contundente intercambio de opiniones. El portavoz de Ciudadanos (C’s), Juan Carlos Sánchez, ha sido el más beligerante tanto con el gobierno de Carles Pellicer como con los socialistas. «Es el principio de una gran amistad. A lo mejor termina con los presupuestos aprobados o con algunos de ustedes al frente de alguna concejalía. Quieren salir a la foto como los salvadores del cine en Reus y parece que vuelven a las andadas de la gestión que arruinó a la ciudad».
A lo largo de su intervención, Sánchez ha vuelto a reiterar la existencia de irregularidades en las negociaciones lideradas por el concejal Marc Arza y que, además, el consistorio no había registrado las facturas correspondientes al pago del alquiler del local a Merlin Properties. Ha finalizado sus palabras lamentando que el gobierno renuncie a cobrar 200.000 euros anuales y ha subrayado que el único beneficiado será la empresa propietaria del complejo comercial.
El propio Arza ha sido el encargado de desmentir rotundamente la existencia de irregularidades. «Las facturas están registradas. Pero si no están conformadas ni presupuestadas es porque estamos en negociaciones y esperamos pagar sólo la mitad de su cuantía», ha declarado, sin dejar de mencionar que toda la operación ha estado supervisada por Secretaría. «La doctrina jurídica acepta muchas interpretaciones, pero no desmienta la palabra del secretario municipal».
Los beneficios
El acuerdo final, y a petición del PSC, contempla la inclusión en el contrato de cesión del local que los beneficios que obtenga el Ayuntamiento por la llegada de los cines a La Fira se invierta a garantizar el acceso a la cultura de las personas más desfavorecidas de la ciudad.
El portavoz del grupo municipal socialista, Andreu Martín, ha dejado clara su postura sobre que la ciudad necesita unos cines y que la información facilitada por el gobierno desmiente la existencia de cualquier irregularidad. «La medida tiene sentido porque recupera el proyecto inicial que fue rechazado por el anterior gobierno», ha matizado dirigiéndose al Partido Popular. Él mismo también ha recordado a Ciudadanos y populares que la opción que planteaban no era de su agrado porque «la función del Ayuntamiento no es la de hacer de operador de cine». Para terminar, ha apuntado que la puesta en marcha de un multicines creará nuevos puestos de trabajo.
Dos nuevas concejales
La sesión plenaria ha aprobado que el consistorio inicie los trámites para la retirada de las placas franquistas que restan en varios edificios de la ciudad. «Es vergonzoso que seamos la tercera ciudad del país con más plazas franquistas», ha sentenciado la concejal de la CUP, Mariona Quadrada, durante la exposición de la moción.
El texto, aprobado sin votos en contra y con la abstención del PP, estipula que sean los operarios de las Brigades Municipals los encargados de retirar las placas. El amplio acuerdo de los partidos no ha evitado la confrontación entre cupaires y C’s.
Por otra parte, el pleno también ha servido para que las nuevas concejales del PSC y la CUP hayan tomado posesión de su escaño. Por parte de los socialistas la nueva cara es María del Carmen Pozuelo, mientras que por parte de los cupaires es Marta Puig. Precisamente, ésta última ha protagonizado una de las anécdotas de la jornada al rechazar la medalla de concejal tras prometer el cargo por imperativo legal. Cabe recordar que el resto de integrantes del partido anticapitalista también devolvieron hace meses la medalla de la ciudad por su elevado coste.
