«En Reus hay discriminación de acceso a la vivienda» 

El Consell Municipal de l’Habitatge comenzará a funcionar la primera quincena de noviembre. Así lo han afirmado fuentes municipales al Diari, señalando que esperan que este organismo de debate, que contará con agentes políticos, sociales y económicos del sector, sea un punto de inflexión para resolver la problemática con la vivienda a nivel local.

Estos últimos meses, la escena política estatal y autonómica ha versado alrededor de debates sobre la okupación y la regulación del alquiler. Asuntos que han traspasado al ámbito local, en esta ocasión, por vía de la moción que Ciudadanos presentó en el pleno del pasado viernes, proponiendo la elaboración de un Plan Municipal contra la ocupación ilegal –Reus cuenta al menos con 2.000 pisos vacíos en mano de los bancos. El gobierno local apoyó esta idea, que prevé poner en marcha medidas para velar en la seguridad y convivencia vecinales y que podrían incluir el aumento de la presencia policial y patrullaje preventivo en las zonas afectadas por la ocupación. Un plan que permite rememorar episodios de okupación, como en el caso barrio Gaudí o en el barrio del Carme, donde los vecinos tomaron las riendas del problema y se posicionaron como mediadores (en el primer caso) o propusieron hacer patrullas de vigilancia (en el segundo).

Son varios los agentes que defienden la necesidad de activar urgentemente el Consell d’Habitatg, viéndolo como una herramienta para lograr mejorar en la materia. Principalmente, por el cariz participativo y plural del organismo. Desde la CUP, partido impulsor del Consell, a entidades de vecinos, que la ven como un espacio para ser escuchados, hasta la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) de Reus consideran que puede llegar a ser útil.

Sin embargo la portavoz de la PAH, Sandra Casanova tiene dudas al respecto de la trascendencia del consejo ya que considera que en Reus hay un problema «de raíz» en el ámbito de la vivienda. «El consistorio no cumple la ley de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética», apunta, mostrando dudas porque considera que la solución «es cuestión de voluntad política y en Reus no la hay, seguimos con políticas sociales arcaicas».

De hecho, desde la PAH se señala que, precisamente, esta «falta de respuesta municipal» es la que aboca a familias a okupar viviendas. Reus tiene 120 viviendas de alquiler social ocupadas desde hace años. Ahora, a través del Pla de Reactivació Economica i Social, impulsado por el consistorio, se espera conseguir, al menos, 45 viviendas sociales más.

Con todo, Casanova considera que otro de los factores clave es la sociedad. «En Reus hay discriminación de acceso a la vivienda», explica la portavoz, que argumenta que son numerosas las ocasiones que, en familias marroquíes con adultos con nóminas y avales, las agencias y propietarios de los pisos les niegan el alquiler. «De poco nos sirve que los alquileres bajen, o la nueva ley de regulación del precio del alquiler, mientras siga habiendo casos de racismo en el acceso a la vivienda».

Un análisis «multifocal»

El Consell de l’Habitatge es una apuesta firme del consistorio como vía para resolver los retos locales en vivienda. La participación plural de agentes ciudadanos y sociales junto a los políticos y económicos consideran que será el impulso a un nuevo camino. «Queremos conocer la realidad, abordando la problemática de forma multifocal», señala Marina Berasategui, concejal de Urbanismo y presidenta del CMH. Por eso, esperan que los miembros del consejo «formen parte de la solución y abra un debate reflexivo: quien y como tienen que actuar para hacer efectivo el derecho de la vivienda».