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Otra prótesis defectuosa de Traiber se ha extraído hoy bajo custodia judicial por orden del juzgado número 3 de Reus, que investiga si dos concejales del antiguo gobierno reusense (CiU) presionaron al hospital de Sant Joan para comprar material a esta firma, afectada por una alerta sanitaria.
El forense adscrito al juzgado número 3 de Reus ha asistido esta mañana a la operación, practicada en el Sant Joan, de retirada de la prótesis de rodilla implantada en el año 2005 a la paciente Luisa Pascual, según ha informado a Efe esta afectada.
En la cadena de custodia ordenada por el juez también ha intervenido un técnico del Departamento de Ciencia de los materiales e Ingeniería Metalúrgica de la Universitat Politécnica de Catalunya (UPC), que trasladará el implante a esta universidad para que lo analicen.
El juzgado número 3 de Reus imputó el pasado 1 de mayo al dueño de Traiber, Lluís Márquez, por un delito contra la salud pública, falsedad documental, blanqueo de capitales y otro de societario.
La denuncia de una exempleada de la empresa, con sede en el polígono Mas de les Ànimes de Reus, desembocó en una alerta sanitaria de la Agencia Española de los Medicamentos y a la revisión de más de 6.000 pacientes con prótesis defectuosas o caducadas.
El Hospital de Sant Joan, con 1.400 pacientes con prótesis de rodilla, cadera y columna de Traiber, concentra el grueso de afectados, que se extienden entre once comunidades autónomas y siete países, también alertados por las autoridades médicas.
Desatada la alerta sanitaria, este hospital llamó a revisión a los implantados con piezas de Traiber y a Pascual le hicieron varias pruebas, hasta que "me dijeron que la prótesis estaba mal, que se veían cosas blancas y que tenían que quitarla".
"No quería operarme porque lo pasé muy mal la primera vez y los médicos me explicaron que la prótesis no estaba bien, que iba mermando el hueso y que o me operaba o acababa en silla de ruedas", explica esta paciente, de 73 años.
El pasado 15 de junio se extrajo la prótesis de otra afectada, Carme Romeu, también bajo tutela judicial para que la analizara la UPC y determinara su calidad.
Fuentes de esta universidad han explicado a Efe que el peritaje está pendiente de unas diligencias judiciales y, cuando se resuelvan, estiman que tendrán los resultados en alrededor de un mes.
Más de una veintena de afectados han iniciado los trámites para reclamar daños y perjuicios a través del abogado especializado en este tipo de casos Emili Ortiz.
Ortiz insta a reunir toda la historia clínica del paciente relacionada con las prótesis y, si debe extraerse, conservar el implante en determinadas condiciones para que un centro independiente determine su estado y calidad.
