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Fianzas de 8 millones para los concejales del último tripartito de Reus por el caso Shirota

El instructor impone fianzas de responsabilidad civil a 18 investigados y les imputa presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y blanqueo de capitales

F. Gras

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Los concejales del anterior gobierno tripartito declararon como investigados en los jusgados de Reus. Foto: A.M.

Los concejales del anterior gobierno tripartito declararon como investigados en los jusgados de Reus. Foto: A.M.

El juez del caso Innova ha levantado parcialmente la pieza número 1, la que se centra en Shirota. El magistrado impone fianzas de responsabilidad civil de 8 millones de euros a los 15 concejales del último gobierno tripartito de Reus (Jordi Bergadà, Àlex Martínez, Eduard Ortíz, Lluís Miquel Pérez, Empar Pont, Daniel Pi, Misericòrdia Dosaiguas, Rosa Garrido, Teresa Pallarès, Carles Salas, Joan Anton Verge, José Mgrazo, Martina García, Ernest París y Pilar Pérez) al exdirector general de Innova, Josep Prat, la exdirectora financiera, Ester Ventura y la ex secretaria Natàlia Torrell. A todos ellos les imputa presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y blanqueo de capitales.

Esta parte de la pieza número 1 del caso Shirota se centra, exclusivamente, en el aval de tres millones de euros de Innova para la creación de esta empresa dedicada a la investigación de alimentos funcionales. El juez considera probado que la Junta General Ordinaria del holding municipal (formado por los concejales del Ayuntamiento) de febrero de 2008 actuó de forma negligente aprobando la creación de Shirota y financiando el 100% de esta empresa de la que era socio minoritario. La votación prosperó con los 14 votos a favor del gobierno tripartito. “Además del mencionado oscurantismo en toda la operación, constan indicios de que el objetivo era favorecer a la mercantil La Morella Nuts (principal accionista)”, expone el magistrado, quien señala que el resultado de toda esta operación fue “un fracaso total”. Cabe recordar que la empresa está disuelta y nunca se han recuperado los tres millones iniciales.

A los investigados se les impone un plazo para avalar los 8 millones de euros hasta el 30 de setiembre y cabe la posibilidad que puedan interponer recurso.

 

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