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La Guàrdia Urbana ha identificado a dos personas por pegar adhesivos publicitarios de cerrajeros en portales de edificios y en la vía pública. Éste es el balance de la primera semana del dispositivo especial que se ha puesto en marcha para erradicar esta práctica y hacer cumplir la actual Ordenanza de Civisme. A las dos personas identificadas se les abrirá expediente administrativo que podría terminar con una sanción máxima de 3.000€, tal y como marca la actual ordenanza.
Este operativo de la Guàrdia Urbana, formado por patrullas de paisano que intervienen sobre el terreno, también hace un seguimiento de los adhesivos para investigar la legalidad de las empresas. Incluso, si es el caso, para enviar la información a los departamentos de Treball y Hisenda. Esto es así – explican desde el Ayuntamiento – por petición del propio sector que duda de la profesionalidad que podrían tener algunas de las empresas que se anuncian. Incluso, aseguran, podrían ocultar bandas dedicadas a robos en viviendas.
El dispositivo puesto en marcha contra la proliferación de adhesivos publicitarios de cerrajeros surge a petición del gobierno municipal y del propio alcalde Carles Pellicer por aplicar la tolerancia cero contra estos actos incívicos. «El objetivo es seguir trabajando para lograr una ciudad limpia y cívica, evitar el malestar que provocan estas acciones en los vecinos y minimizar el coste económico que el incivismo supone para el conjunto de la ciudadanía», manifiesta Pellicer. Cabe recordar que el año pasado la Guàrdia Urbana levantó hasta 36 actas en relación a la colocación de este tipo de pegatinas en espacios prohibidos como portales, fachadas, mobiliario urbano o la vía pública.
La ordenanza de civismo del Ayuntamiento de Reus contempla sanciones de hasta 750€ por «colocar carteles o propaganda fuera de los lugares habilitados a tal efecto», al considerar que este hecho como una infracción leve.También contempla sanciones de hasta 3.000€ por «colocar carteles o pancartas, grafitis y pintadas y otras expresiones gráficas en monumentos o edificios catalogados o protegidos», al considerar estos hechos como una infracción grave.
