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Una operación conjunta entre Mossos d'Esquadra, Policía Nacional y la Policía de Rumanía ha permitido desmantelar una organización que actuaba en todo la Europa y que sólo en España habría estafado, al menos, más de 8 millones de euros mediante técnicas de ingeniería social.
Según fuentes policiales, las estafas se producían en múltiples ámbitos, tanto a administraciones públicas haciéndose pasar por proveedores a quienes se debían de dinero como particulares con falsos anuncios de alquiler de viviendas o el 'phishing'.
El grupo contaba con numerosas células, cuando eran neutralizadas por la policía la acción delictiva del grupo no se veía afectada. Además, la organización contaba con departamentos de informática para engañar a través del 'phishing', de falsificación, de logística de apoyo a las 'mulas', que se desplazaban de Rumanía en el Estado para abrir cuentas con el dinero defraudado y otro que des dedicaba al blanqueo.
Se han detenido a 21 personas (14 en España –la mayoría en Catalunya- y 5 en Rumanía), que elevan la cifra de arrestados a 33.
La investigación se inició a principios del 2017 después de varias denuncias por estafa que seguían el mismo patrón en diferentes puntos del Estado y se concluyó que la organización contaba con varias células, tanto en España cómo en otros países. El responsable del entramado estaba establecido en Valencia y controlaba los diferentes estratos de la organización desde el Estado y el flujo de dinero obtenido y que se garantizara su reparto.
En el registro de su domicilio, los agentes encontraron un sofisticado taller de falsificación de documentos donde se elaboraban contratos, justificantes bancarios y documentos falsos de identidad.
Posteriormente, la documentación se entregaba a las 'mulas', que se desplazaban de Rumanía a diferentes puntos de España para abrir cuentas bancarias con el dinero defraudado. La operación también ha permitido desmantelar el entramado financiero con varias empresas sin ningún tipo de actividad y que estaban a nombres de testaferros.
De este modo, podían blanquear el dinero de las estafas obtenidos al conjunto de Europa, principalmente en Alemania. Además, varios de los detenidos son testaferros, todos de origen español, y se han bloqueado las cuentas abiertas con más de 100 identidades utilizadas por los investigados.
Estafas a numerosas administraciones públicas
Por el que hace las estafas a las administraciones públicas, los miembros del grupo obtenían información de los contratos que tenían ayuntamientos, hospitales o consorcios, entre otros, a través del Portal de Transparencia de los entes.
A continuación, suplantaban la identidad de empresas proveedoras a quienes se los debía de dinero y comunicaban que habían cambiado de cuenta bancaria mediante documentación falsa. El pago se materializaba en la cuenta del grupo, que a continuación retiraba o transfería el dinero, excepto cuando el banco detectaba el posible fraude.
Según fuentes policiales, muchos de los organismos afectados –que fueron estafados o casi estafados- son catalanes, como por ejemplo los ayuntamientos de Castelldefels, l'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Reus, de Caldes de Malavella y de Olot; el Consorcio de Educación de Barcelona, el Consorcio Sanitario de Terrassa, la empresa Gramepark, la Diputació de Barcelona o empresas públicas como Ferrocarrils de la Generalitat y la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuales.
El jefe de la División de Investigación Criminal de los Mossos d'Esquadra, el intendente Antoni Rodríguez, ha destacado que muchos de los detenidos son de RâmnicuVâlcea, una ciudad de Rumanía conocida como 'hackerville'.
El responsable de la DIC ha recomendado a organismos y entidades contrastar cualquier cambio en las dinámicas habituales de trabajo que implique pagos por "iniciativa propia".
A los particulares, los ha aconsejado desconfiar de los chollos, tomarse con calma las buscas por internet, acceder en páginas de la empresa original y no de intermediarios y utilizar sistemas de pago seguros, si bien la organización incluso consiguió piratear alguno.
La parte de la investigación de ámbito internacional, ha sido coordinada tanto policialmente y como judicial por la Europol y Eurojust respectivamente.
Por parte del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional se han emitido 11 órdenes Europeas de Detención y Extradición.
