El juzgado de instrucción número 3 de Reus investiga dos vecinas de la ciudad al que acusa de haber vertido estiércol y desechos a las puertas del edificio judicial. Los hechos se remontan al 4 de febrero, en el marco de una acción de los CDR en una veintena de juzgados catalanes.
Las mujeres han comparecido este jueves ante el juez, pero se han acogido al derecho de no declarar. Su abogado, Jonathan Cortijo, explicó que están investigadas por un supuesto delito de coacciones contra la administración de justicia, pero ha insistido en que este tipo "no existe". En todo caso, dijo, las coacciones se hacen contra las personas. Cortijo añadió que la libertad de expresión ampara el derecho de protesta contra los poderes públicos, también el judicial.
Según la defensa, que también cuestiona la identificación de las mujeres como participantes de la acción, este tipo de acciones merecerían, como mucho, una sanción administrativa. El abogado, que es miembro del colectivo de Advocats Voluntaris 1 d'Octubre de Reus, pedirá el archivo del caso la próxima semana.
Este tipo de acciones llevaron al TSJC a ordenar a los Mossos que protegieran juzgados catalanes durante las 24 horas, en el conocido como dispositivo Toga.