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El Ayuntamiento de Reus ya tiene aprobada su hoja de ruta económica para el ejercicio del año 2021. Esta cuenta con un presupuesto total consolidado de 186.214.423,09 euros, de los cuales 122.672.022,65 son para el consistorio y el resto para las empresas municipales y organismos autónomos. Unas cifras marcadas por la venda del Hospital Sant Joan a la Generalitat de Catalunya, transacción que ha hecho reducir en un 46,28% el total respecto al 2020.
El gobierno local (JuntsxReus, ERC y Ara Reus) lo defendió en el pleno de ayer a través de la concejal de Hisenda, Mariluz Caballero, que lo calificó como «realista, responsable, riguroso y planificado», además de como un documento que da respuesta a las necesidades económicas y sociales de los reusenses. En referencia a la rebaja respecto al año pasado, Caballero clarificó que, de no tenerse en cuenta la partida destinada al Sant Joan, «la partida total tan solo se ha visto 0,7%».
En una visión muy alejada se mostraron los cuatro grupos de la oposición -con el debut de Raúl Meléndez, exmiembro de Ciudadanos, en el grupo de no adscritos. Estos pidieron rectificar los presupuestos porque desde su perspectiva no se adecuan a la realidad provocada por la pandemia y rediseñarlo haciéndoles partícipes, poniendo de ejemplo el Pla de Reactivació Social i Econòmica.
Así, la portavoz de Ciudadanos, Débora García, señaló que en el ámbito de inversiones (donde se destinarán 8,5 millones de euros) hay «partidas que no se adaptan a la situación actual», poniendo como ejemplo los 40.000 € contemplados para culminar los trabajos de obras para la peatonalización del arrabal Santa Anna, «que podrían ahorrarse simplemente colocando un pilón». En esta misma línea, señaló que «la obligación del gobierno era bajar los impuestos en una población en que familias, autónomos y pymes estas luchando para sobrevivir» y que las ordenanzas y los presupuestos «no muestran ese apoyo municipal».
«¿Qué os pensáis, que el 1 de enero nos despertaremos en una situación sin Covid-19?», espetó la concejal de la CUP, Marta Llorens, como critica a unos presupuestos «absolutamente optimistas». En ese aspecto denunció que las partidas a las empresas municipales se han hecho «como si pudieran trabajar todo el año a pleno rendimiento» y denunció una falta de recurso ante el aumento del 82% de la atención social:
«¿Cómo os podéis quedar tranquilos con solo un millón de euros destinado a un plan de contingencia sin un diseño de partidas?». Y criticó al gobierno municipal, señalando que aún con la situación de crisis, no recortarán en gasto de empleados: «Eso sí, no se rebajaran ni un euro el salario en un acto de humildad», señaló.
Por último, el portavoz del PSC, Andreu Martín, criticó la «visión paternalista en el que el gobierno sabe lo que necesita la ciudadanía sin preguntárselo» y se centró en los puntos que no cubre el expediente: el cierre del Mercat del Carrilet y el acceso a la vivienda. En el primer ámbito, indicó que «lo sacaréis adelante aun sin un plan para atender a la ciudadanía afectada»; y en el segundo, recordó la promesa electoral de JuntsxReus de la creación de 1000 viviendas añadiendo que «el acceso a la vivienda es un problema grave y no vemos acciones decididas, en cambio se prevé una inversiones una piscina pensada por el lucro privado, algo que no es necesario este 2021».
Los remanentes, para deudas
Los presupuestos para 2021 se llevaron a debate junto a las modificaciones de ocho ordenanzas y a la aplicación de los remanentes restantes de 2019. La CUP se centró en estos últimos, criticando que «después de ponernos la medalla de los remanentes, ahora destinaremos estos dos millones a pagar la deuda» e indicando que el expediente de presupuesto «tan solo dedica un 32% de su dinero al progreso social ante el 51% para el espacio urbano». Coincidió con la perspectiva el PSC, que de la mano de Martín señaló que «Reus lidera la tasa de paro en ciudades de más de 40.000 habitantes con un 18,59% y sin embargo estamos lejos de ser los municipios que más gastamos en gasto social». Por su parte, desde Cs se mostraron más críticos con las modificaciones de las ordenanzas. García señaló que «es un ejemplo de que el gobierno actúa improvisando».
La concejal de Hisenda argumentó el uso de los remanentes para amortizar la deuda «porque es la operación más rentable» indicando que el año que viene permitirá tener más dinero asequible estando saneados. «No podemos financiar gasto público con créditos dedicados a la inversión, es tan claro como esto», sentenció.
Primer paso para Reus Energía
Pero en el pleno de ayer no solo se conoció el trazo económico municipal para 2021, sino también este año será, con mucha probabilidad, el de la creación de la entidad jurídica pública Reus Energia, bajo la que el consistorio quiere ejercer la actividad económica y de comercialización de la energía eléctrica municipal. Y es que ayer se aprobó el inicio de expediente para acreditar la conveniencia y viabilidad de esta iniciativa; a la vez que se constituyó la comisión de estudio, formada por miembros de la corporación y personal técnico municipal.
El presidente de esta mesa será el concejal de Medio Ambiente, Daniel Rubio, quien rebeló que en el pleno municipal del próximo febrero se conocerá el estudio del informe «solicitado a una empresa especializada». El estudio deberá llevar a análisis aspectos sociales, jurídicos, técnicos y financieros de la actividad económica de la futura empresa y determinar, también, su forma de gestión. «Es un paso importante para avanzar hacia una ciudad mucho más moderna y sostenible de la que ya tenemos», argumentó el concejal.
La abstención del PSC y Cs se justificó a la espera de los resultados de tal estudio, ante la advertencia de la portavoz naranja, Débora García, de que «el Ayuntamiento se está convirtiendo en un gran actor empresarial que parece no querer competencia», poniendo como ejemplo la gestión de los parkings municipales y el «acorralamiento» a los privados como el de la Prim y el Simonet. En ese aspecto, García también denunció que «ahora entendemos por qué la bonificación del IBI (aprobado este años) solo iba destinada al uso eléctrico y no al térmico», indicando que «solo se quiere potenciar esta nueva aventura comercializadora municipal».
La CUP, que dio su no al estudio, la concejal Mónica Pàmies vinculó el cambio de la ordenanza reguladora de la tasa para el aprovechamiento o utilización privativa de dominio público a favor de empresas explotadoras de suministro (modificación aprobada en el mismo pleno) con esta intención municipal, algo que, según los independentistas, «nos hace sospechar q
